Representantes del sector del taxi trasladan al PP sus críticas a una normativa aprobada sin planificación, diálogo ni consenso
El portavoz del Grupo Popular, Miguel Lorenzo, junto a los concejales José Ramón Amado y Antonio Deus, se reunió con representantes de Tele-Taxi, quienes expresaron su descontento con la Ordenanza de Movilidad aprobada por el PSOE y el BNG. La principal queja: una normativa impuesta sin consenso, sin atender las demandas del sector y sin resolver problemas históricos como la competencia desleal de los VTC o el acceso a zonas peatonales.
Una ordenanza sin diálogo y sin planificación
Lorenzo no dudó en calificar el proceso como una «oportunidad perdida»:
«Han aprobado una ordenanza sin contar con taxistas, transportistas, asociaciones de personas con discapacidad, ni siquiera con los gestores de aparcamientos. No hay consenso, no hay modernización, solo imposición», denunció.
Tele-Taxi, por su parte, lamentó que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) no se actualice desde 2014, lo que deja la ordenanza sin una base estratégica sólida. Además, criticaron:
- Falta de diálogo: La redacción se hizo sin consultar a los afectados.
- Sanciones ambiguas: Un régimen sancionador con aplicabilidad cuestionable.
- Accesibilidad ignorada: Sin soluciones claras para el acceso de taxis a zonas peatonales.
VTC: competencia desleal y falta de regulación
Uno de los puntos más polémicos fue la inacción municipal frente a los vehículos de transporte con conductor (VTC), que según el sector operan en condiciones de competencia desleal.
«El Ayuntamiento no tiene voluntad política para regularlos. Mientras, nosotros cumplimos normas estrictas y ellos operan sin control», señalaron desde Tele-Taxi.
Más restricciones, menos plazas de aparcamiento
Lorenzo recordó otra medida controvertida: la eliminación de 1.400 plazas de aparcamiento y la ampliación de zonas de ORA.
«Primero quitan plazas, luego cobran más por aparcar. Es una política anti-ciudadana», afirmó.
Una ordenanza que divide en lugar de sumar
La crítica del PP y del sector del taxi apunta a un mismo problema: una normativa hecha a espaldas de los implicados, sin visión de futuro y que no resuelve los conflictos reales de la movilidad urbana. Mientras el Gobierno municipal celebra su aprobación, los afectados advierten: sin consenso, habrá más conflictos que soluciones.