Mientras a los vecinos se les descuentan 0,40 €, la empresa contratada multiplica por cuatro sus ingresos
La huelga de recogida de basuras en A Coruña, que se prolongó durante más de mes y medio en pleno verano, generó un escenario de caos urbano y sanitario que afectó profundamente a los residentes y a la imagen de la ciudad. Las calles abarrotadas de bolsas de basura, acompañadas por plagas de insectos, ratas y aves que buscaban comida en los residuos acumulados, transformaron el entorno en un foco de insalubridad.
Impacto en la ciudadanía y en el entorno urbano
Las molestias fueron más allá de los malos olores; se convirtieron en un problema de salud pública. La acumulación masiva de basura llegó a bloquear el paso de peatones y vehículos, obligando a las personas a caminar por la calzada, exponiéndose a riesgos adicionales. Los incendios en los contenedores, en algunos casos causados intencionadamente, dejaron daños visibles en edificios y vehículos, aumentando la sensación de inseguridad y deterioro en el espacio público.
Gestión y críticas al Gobierno local
La alcaldesa Inés Rey fue duramente criticada por la demora en decretar la emergencia sanitaria, una medida que podría haber agilizado soluciones temporales. Durante este tiempo, el Ayuntamiento no logró controlar la situación, y los efectos del conflicto repercutieron directamente en la calidad de vida de los vecinos. Una vecina resumió el sentir general: «Es salir a la calle literalmente y vivir en un basurero andante.»
Ganadores y perdedores en el conflicto
Mientras los vecinos verán descontados 0,40 € en sus recibos por los días sin servicio, la empresa concesionaria, a pesar de la huelga, logró multiplicar por cuatro sus ingresos gracias a términos contractuales favorables. Esto ha generado indignación entre la ciudadanía, que percibe un claro desequilibrio entre los perjuicios sufridos y las ventajas económicas obtenidas por la empresa.
Declaración de emergencia y disculpas
Durante la rueda de prensa en la que anunció la emergencia sanitaria, Rey expresó: «Lamento las molestias ocasionadas a todos los vecinos.» Sin embargo, para muchos ciudadanos, estas palabras llegaron tarde, pues la acumulación de residuos ya había generado riesgos de insalubridad y molestias severas en la vida cotidiana. La tardanza contrastó con la diligencia demostrada en situaciones previas, lo que acrecentó las sospechas de una gestión más política que técnica.
Contratación de servicios de emergencia
Con la declaración de emergencia, se activó un procedimiento de contratación para abordar los puntos críticos de acumulación de residuos que ponían en peligro la salud y seguridad pública. Este contrato incluyó:
- 13 vehículos especializados.
- 32 operarios dedicados exclusivamente a tareas de recogida en los puntos más afectados.
El proceso de selección y la elección final de la empresa adjudicataria fueron motivo de controversia, pues se optó por una empresa privada en lugar de recurrir a Tragsa, una entidad pública con experiencia previa en este tipo de intervenciones y vinculada a la Diputación de A Coruña. Esto incrementó las dudas sobre la transparencia del proceso y sus implicaciones económicas.
El Grupo Tragsa forma parte de la Sociedad Estatal de Participación Industrial (SEPI) y del Sector Público Institucional, teniendo la condición de poder adjudicador y medio propio personificado de las Administraciones Públicas que participan en su accionariado.
El manejo de la huelga de recogida de basuras en A Coruña dejó a la vista decisiones administrativas controvertidas, generando especulaciones y descontento entre la ciudadanía. En este conflicto, algunos actores terminaron beneficiándose significativamente, mientras otros quedaron marcados por el malestar social y los elevados costes.
Beneficios para Valoriza en un contrato de emergencia
Tras declarar la emergencia sanitaria, el Ayuntamiento contrató a la empresa Valoriza para realizar labores urgentes de recogida de residuos. La elección de Valoriza, en lugar de Tragsa, llamó la atención por varias razones:
- Precedente con Tragsa:en la huelga anterior, Tragsa había sido la encargada de gestionar el servicio durante una emergencia, aprovechando su condición de empresa pública con vinculación directa a administraciones locales y provinciales, como la Diputación de A Coruña.
- Relación previa con el Ayuntamiento: Valoriza había ganado un juicio contra el Ayuntamiento sobre la adjudicación del contrato de recogida, pero no se ejecutó la sentencia. Sin embargo, esta misma empresa que en proceso ordinario se admitió su oferta, fue excluida posteriormente al conocerse la sentencia argumentando incumplimiento de requisitos. Esto lo hizo la misma mesa de contratación.
Incremento de costes en el contrato de emergencia
El contrato de emergencia se otorgó a Valoriza con precios que fueron cuatro veces superiores a los que habían sido presentados anteriormente por Valoriza y PreZero, la actual concesionaria en precario. Esto generó críticas por la falta de coherencia en la valoración de las ofertas y los criterios de adjudicación.
- En el contrato previo, los precios ofrecidos por Valoriza eran mucho más bajos que los facturados finalmente en el marco de la emergencia.
- Esto refuerza las dudas sobre la transparencia y objetividad en la gestión del conflicto por parte del Gobierno local.
Conclusiones: los ganadores y los perdedores
- Ganadores:
- Valoriza: Obtuvo un contrato de emergencia con precios notablemente altos, generando ingresos considerables a pesar de su litigio con el Ayuntamiento.
- PreZero: Continuó prestando el servicio en precario, sin que se ejecutara la sentencia que ganó Valoriza al Ayuntamiento de A Coruña.
- Perdedores:
- Los vecinos: soportaron el impacto de la huelga, la insalubridad, y el coste adicional indirecto de las decisiones administrativas cuestionables.
- El Ayuntamiento: quedó bajo sospecha por la falta de claridad y la percepción de favoritismo en sus procesos de contratación.
El conflicto ha dejado en evidencia la necesidad de una gestión más transparente y efectiva en los servicios públicos esenciales, así como en los procedimientos de contratación pública. La polémica continúa, al igual que las dudas sobre las verdaderas prioridades del Gobierno local en esta crisis.
En este cuadro mostramos las diferencias entre los precios diarios ofertados por la Valoriza y los facturados en el contrato de emergencia según los perfiles profesionales que prestaron el servicio.
Otro recurso
La gestión de la crisis de recogida de basuras en A Coruña no solo ha dejado impactos visibles en las calles y en la percepción pública, sino que también ha abierto nuevos frentes legales para el Ayuntamiento de Inés Rey. La decisión del Gobierno local de repercutir el coste del refuerzo de la recogida de residuos a PreZero, la empresa que actualmente presta el servicio en precario, ha desencadenado una respuesta firme de la concesionaria.
La factura controvertida
El Ayuntamiento emitió una factura a PreZero correspondiente a los costes del servicio de emergencia durante la huelga. Entre los cargos destaca el coste por encargado nocturno, tasado en 1.077,30 € por día, una cifra que representa un aumento del 445,01% respecto al precio ofertado originalmente en el concurso inicial. Este desproporcionado incremento fue el detonante para que PreZero presentara un recurso de reposición, un mecanismo administrativo que permite impugnar decisiones antes de acudir a los tribunales.
Posibles implicaciones legales
Si el recurso de reposición no es resuelto de forma favorable para PreZero, es probable que derive en un contencioso administrativo, sumándose a la larga lista de litigios que afronta el Gobierno local.
- Contexto legal complicado: PreZero ya opera sin contrato debido a una sentencia que anuló la adjudicación inicial, la cual no se ha ejecutado más de un año después de ser dictada.
- Precedentes similares:la gestión de conflictos relacionados con la recogida de residuos en A Coruña ha estado marcada por múltiples recursos y procesos legales, lo que evidencia una estrategia del gobierno local que a menudo deriva en complicaciones judiciales.
Un Ayuntamiento inmerso en litigios
Este nuevo posible contencioso no es un caso aislado. Según los propios registros del Ayuntamiento, los recursos y contenciosos representan una de las actividades más frecuentes en la gestión del Gobierno de Inés Rey. Muchos de estos conflictos surgen de decisiones administrativas que luego son cuestionadas por empresas o ciudadanos afectados. Este patrón de actuación no solo genera costes adicionales para las arcas públicas, sino que también incrementa la percepción de opacidad y falta de eficacia en la gestión municipal.
Impacto en la ciudadanía
Mientras el conflicto se traslada al ámbito jurídico, los ciudadanos continúan soportando las consecuencias de un sistema de gestión que parece priorizar las disputas legales sobre soluciones efectivas y consensuadas. La crisis de la recogida de basuras, lejos de cerrarse, sigue generando ramificaciones que afectan tanto al entorno urbano como a la confianza en las instituciones locales.
