La campaña publicitaria del Ayuntamiento de A Coruña, denominada “A Coruña Vivenda”, se ha lanzado con bombo y platillo. Imágenes de obras, mensajes esperanzadores y una alcaldesa posando ante las obras. El mensaje es claro: “Estamos construyendo 50 viviendas para alquiler asequible”. Pero lo que no se dice en los folletos ni en los vídeos institucionales es que esas 50 viviendas no nacen de una política valiente ni de un excedente presupuestario. Nacen de una sentencia judicial. Y eso cambia por completo el relato.
El origen del acuerdo no es otro que el histórico edificio Fenosa, en la calle Fernando Macías. En 2019, el arquitecto Valentín Souto —que había liderado durante dos décadas los litigios contra la legalidad del inmueble— pactó con el Ayuntamiento y los propietarios una solución que evitó el derribo. ¿Por qué se iba a derribar? Porque el edificio superaba las alturas y el volumen permitidos por el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM). Veinte años de pleitos, veinte años de irregularidades urbanísticas, y la justicia daba la razón a quien denunciaba la ilegalidad.
El acuerdo, validado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), supuso evitar un derribo que habría costado a las arcas públicas unos 60 millones de euros. A cambio, se pactó una indemnización económica y el compromiso municipal de construir 50 viviendas protegidas. Es decir, el Ayuntamiento no decidió libremente hacer esas viviendas porque sí. Las aceptó como parte de una negociación para no quebrar económicamente. Sin ese acuerdo, el consistorio se habría enfrentado a una factura millonaria y a un precedente urbanístico demoledor.
Pero la campaña “A Coruña Vivenda” borra de un plumazo este origen incómodo. No se menciona la sentencia, no se menciona el litigio, no se menciona que se trata del cumplimiento de una obligación jurídica. Se vende como logro lo que es, en realidad, el resultado de una derrota judicial reconvertida en parche urbanístico. Y no solo eso: el acuerdo es de 2019. Han pasado siete años. Las obras llegan con retraso, y la visita de la alcaldesa a las mismas huele más a foto electoral que a rendición de cuentas.
La manipulación es sutil pero evidente: al presentar estas viviendas como una iniciativa propia, el gobierno local oculta que su margen de maniobra era nulo. No es generosidad, es cumplimiento. No es liderazgo, es supervivencia jurídica. Y mientras tanto, la ciudadanía aplaude un logro que, en realidad, es el recordatorio de una ilegalidad consentida durante veinte años y resuelta a última hora para evitar un descalabro económico.
La crítica no es a las viviendas en sí. Toda nueva vivienda pública es bienvenida en un contexto de emergencia habitacional. La crítica es a la forma: a esa operación de marketing que transforma una sentencia en una promesa, un retraso en una inauguración, y una obligación en un supuesto mérito. La verdad no es menos importante porque las viviendas sean necesarias. Al contrario: saber de dónde vienen, por qué se construyen y quién lo impuso es condición para no llamar “logro” a lo que fue, simplemente, el final de un largo y costoso error urbanístico.