Izaskun García, portavoz popular: «El informe confirma que Rioboo gobierna a espaldas de la ley y de los vecinos». Los populares reclaman una comisión extraordinaria y no descartan acciones legales
El Grupo Municipal del Partido Popular (PP) de Culleredo ha exigido la convocatoria urgente de una Comisión Informativa Extraordinaria de Presidencia para analizar en profundidad el último informe del Consello de Contas, que destapa graves irregularidades en la contratación pública del Concello durante el mandato del alcalde José Ramón Rioboo.
El documento, de carácter demoledor, confirma las denuncias reiteradas del PP sobre la falta de transparencia y control en la gestión municipal, y revela prácticas que podrían rozar la ilegalidad, como el fraccionamiento de contratos, pactos entre empresas y licitaciones con «banderas rojas».
Un informe que lo cambia todo
El Consello de Contas advierte en su informe de múltiples irregularidades, entre ellas:
- Ofertas anormalmente bajas en concursos públicos.
- Adjudicaciones a empresas con vínculos personales o datos coincidentes.
- Fraccionamiento de contratos para evitar los límites legales.
- Adjudicaciones sospechosas cerca de procesos electorales.
- Obras paralizadas sin penalización, pese a su tramitación urgente.
- Certificaciones que no reflejan el trabajo real ejecutado.
Según el órgano fiscalizador, estas prácticas no solo no se corrigieron desde 2021, cuando se alertó al gobierno local, sino que se agravaron en 2022.
«Rioboo gobierna a dedo y con opacidad»
Izaskun García, portavoz del PP en Culleredo, no ha dudado en calificar la situación de «escándalo de gestión»:
«El informe confirma lo que llevamos años denunciando: este alcalde gobierna a espaldas de la ley y de los vecinos. El fraccionamiento de contratos, las adjudicaciones sistemáticas a las mismas empresas y la falta de fiscalización demuestran que Rioboo sigue actuando con opacidad y arbitrariedad».
Además, los populares denuncian que el Concello lleva más de un año sin publicar los contratos menores, a pesar de que la ley exige hacerlo trimestralmente. «Esta opacidad no es casual, es deliberada. Hay mucho que esconder», asegura García.
Primer paso: comisión extraordinaria
El PP ha anunciado que esta solicitud de comisión es solo la primera medida, y que, en función de la información recabada y del análisis del informe, no descartan emprender acciones legales si se confirman indicios de delito.
«Culleredo no es el cortijo de nadie. Merece un gobierno serio, que cumpla la ley y respete a los vecinos», concluyó la portavoz popular.
Mientras tanto, la presión política y social aumenta, y el gobierno de Rioboo se enfrenta a una de las mayores crisis de credibilidad de su mandato.