La Fiscalía Provincial de A Coruña ha decretado el archivo de la denuncia presentada por la alcaldesa, Inés Rey, contra funcionarios de su propio ayuntamiento, a los que acusaba de manipular documentación oficial remitida a la propia Fiscalía. El caso, que la alcaldesa elevó como una posible falsedad documental, ha sido cerrado por falta de indicios de delito.
El origen se encuentra en una investigación fiscal iniciada en agosto de 2025 por una denuncia sobre posibles irregularidades en la licencia de un local propiedad del concejal socialista Lage Tuñas. Durante esa investigación, el Ayuntamiento envió documentación requerida.
Sin embargo, el 29 de septiembre, el propio Consistorio comunicó a la Fiscalía que había detectado “irregularidades” en los documentos enviados y que había abierto un “procedimiento reservado” interno. En esencia, la alcaldesa denunció ante la Fiscalía a funcionarios municipales por manipular esa documentación.
Ante esta grave acusación, la Fiscalía pidió aclaraciones urgentes sobre la naturaleza de las supuestas falsedades. Tras analizar las respuestas, el fiscal jefe ha dictado un decreto de archivo. La conclusión es que no existió falsedad documental punible, ya que “los documentos, como tal, sí que existieron” y no se manipuló su contenido esencial ni la intervención de los firmantes.
La Fiscalía aplica el principio de intervención mínima del Derecho penal, señalando que, aunque pueda haber habido “irregularidades administrativas internas” o una remisión confusa de borradores mezclados con documentos definitivos, estas conductas no alcanzan la gravedad de un delito.
Consecuencias políticas de una denuncia fallida
Aunque el aspecto fiscal se cierra, el caso deja al descubierto una grave crisis interna y opacidad en la administración. La propia alcaldesa, al denunciar a sus funcionarios ante la Fiscalía, admitió tácitamente que la documentación oficial enviada a la Justicia era problemática. Este hecho, unido al archivo de la denuncia por falta de delito, sitúa el foco en la gestión y los controles internos del equipo de gobierno.
La Fiscalía ha informado al Ayuntamiento de que contra el archivo no cabe recurso, pero que podrían denunciar directamente ante un juzgado si no están conformes. Mientras, la denuncia fallida de la alcaldesa contra sus propios funcionarios sigue planteando dudas sobre el rigor administrativo en el Ayuntamiento de A Coruña.