La cuarta operadora de combustibles en España, con sede en Oleiros, advierte de que las trabas administrativas impiden la entrada de millones de litros de combustible que aliviarían la factura de familias y empresas
Mientras los precios de los carburantes siguen escalando hasta máximos históricos y golpean con dureza el bolsillo de los ciudadanos y la viabilidad de miles de empresas, una compañía gallega clave en el sector energético denuncia estar siendo frenada por la propia Administración. HATTA Energy, con sede en Oleiros y cuarta operadora de combustibles de España, ha exigido a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en Galicia que desbloquee de forma inmediata un procedimiento que lleva más de dos meses y medio paralizado sin resolución alguna.
En un escrito remitido a la Delegación de Hacienda en Galicia, la compañía advierte de que el plazo legal máximo para resolver su solicitud como “operador confiable” en el sector de hidrocarburos es de tres meses, un periodo que está a punto de expirar sin que la Administración haya dado respuesta, pese a que la empresa ha aportado toda la documentación requerida y ha reiterado en múltiples ocasiones su petición de información sobre el estado del expediente. La compañía recuerda, además, que la falta de cumplimiento de los plazos legales puede derivar en responsabilidades penales.
El problema de fondo, según explican fuentes de la empresa, es que esta demora está provocando graves perjuicios económicos. Al no contar con la condición de operador confiable, HATTA se ve obligada a mantener garantías del 110% del IVA, lo que supone una inmovilización de recursos financieros millonarios que limita gravemente su capacidad operativa y de inversión en un momento crítico para el mercado energético.
Pero las dificultades no terminan ahí. La compañía denuncia también “incidencias técnicas” en los sistemas informáticos de la AEAT que, en fechas recientes, llegaron a paralizar por completo su actividad comercial durante varias horas. Una de esas incidencias impidió la tramitación de más de 500 pedidos por un valor superior a los 16 millones de euros, afectando directamente al suministro de carburante a sus clientes.
Combustible a buen precio, fuera del mercado
El verdadero trasfondo del conflicto, según HATTA Energy, es que estas “extrañas” trabas administrativas están impidiendo que la compañía pueda introducir en el mercado español millones de litros de combustible procedentes de áreas ajenas al conflicto de Oriente Medio, lo que permitiría aliviar de manera notable el alza de los precios que sufren familias, autónomos, transportistas y empresas de todo tipo.
“La crisis internacional que estamos viviendo requiere de todos los mecanismos posibles para aliviar una situación crítica para la economía de los ciudadanos y las pequeñas empresas. Por esta razón, es incomprensible que Hacienda bloquee la llegada a España de combustible a buen precio proveniente de áreas ajenas al conflicto en Oriente Medio. Es una irresponsabilidad”, subrayan desde la compañía.
La empresa gallega insiste en que la falta de resolución no solo perjudica su actividad, sino que tiene consecuencias directas sobre la competencia en el sector y sobre la seguridad del suministro energético en un contexto de máxima tensión en los mercados internacionales.
Una reclamación con advertencia legal
En su escrito, HATTA Energy ha solicitado formalmente que se impulse el procedimiento y se dicte resolución de manera inmediata, advirtiendo de las posibles responsabilidades penales en caso de que la Administración continúe incumpliendo sus obligaciones legales. La compañía, que se ha consolidado como un actor relevante en el mapa energético español, considera que el bloqueo administrativo carece de justificación técnica y responde a una inacción que ya está teniendo efectos tangibles sobre la competencia y sobre la economía real.
Mientras tanto, en las gasolineras de toda España los precios de los carburantes siguen batiendo récords, y la expectativa de una mayor competencia que pueda aliviar la presión sobre los consumidores se dilata en medio de un silencio administrativo que la compañía gallega califica de “incomprensible”.