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Investigación judicial sobre presunto abuso en nombramientos municipales

La CIG denuncia y la Fiscalía investiga posibles irregularidades en el uso de comisiones de servicio

La sección sindical de la CIG convocó a la prensa este jueves para evaluar las diligencias previas de investigación por un posible delito de prevaricación administrativa en los nombramientos de comisiones de servicios en el Concello da Coruña. El Juzgado de Instrucción número 6 inició estas acciones a raíz de la denuncia presentada por la CIG en mayo pasado, señalando actuaciones del Gobierno municipal en la provisión de puestos a través de este sistema.

Desde 2016, la sección sindical ha luchado contra el uso abusivo y arbitrario de las comisiones de servicio en el Concello da Coruña, argumentando falta de justificación, incumplimiento de la legalidad y excedencia del plazo máximo legal de dos años en la mayoría de los casos. Cristina Díaz y Ana Filgueiras, representantes sindicales, destacaron la soledad de esta lucha y la represión sindical que la acompaña.

Recordando la Fiscalía archivó una denuncia anterior en 2018, las representantes sindicales mencionaron la ejecución de una sentencia del Xulgado del Contencioso-Administrativo en 2019, ordenando el cese de comisiones de servicio. Sin embargo, criticaron la gestión del concejal de Personal, Manuel Lage Tuñas, por profundizar el problema, haciendo un uso abusivo y desmedido del sistema, «fuera de todo límite de discrecionalidad».

Ante la gravedad de los hechos, la CIG informó al Ministerio Fiscal, realizando cinco aportes de información desde la denuncia en mayo de 2023. Destacaron que, tras la difusión en los medios, funcionarios municipales contactaron con situaciones relacionadas con la provisión de puestos, llevando a un nuevo documento en junio.

Enfatizaron que el PSOE tuvo una legislatura para ordenar la provisión de puestos, pero «agudizó el problema» al negarse a ejecutar la sentencia de 2018. Esto generó falta de carrera profesional y un mal ambiente laboral. Denunciaron que el Concello convirtió un sistema temporal como la comisión de servicios en el ordinario para la provisión de puestos.

Las representantes de la CIG destacaron las dificultades para denunciar irregularidades debido a la falta de información. Gracias a sentencias obtenidas en noviembre de 2020, el Concello tuvo que hacer públicas las motivaciones y valoraciones de los candidatos para la cobertura temporal mediante comisión de servicios.

Ahora, el juzgado de instrucción deberá determinar si existe infracción penal, y la sección sindical expresó su disposición a colaborar con la justicia en todo lo necesario para esclarecer la situación.

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