Mientras Santiago obliga a rotar o Ferrol no cobra, el modelo coruñés permite estacionar sin límite de tiempo. La oposición denuncia que solo el 19,4% de lo recaudado va a las arcas municipales y que el gobierno local regala permisos de aparcamiento ajenos a la función social
Lo que nació en 1998 como una herramienta para ordenar el tráfico y garantizar la rotación de vehículos se ha convertido, a tenor de los datos y las comparativas con otras urbes gallegas, en un lucrativo negocio privado. La Ordenanza Reguladora de Aparcamiento (ORA) en A Coruña ha sufrido 17 modificaciones desde su creación, la mayoría destinadas a ampliar las zonas de estacionamiento limitado. Sin embargo, la esencia del servicio se ha desvirtuado hasta el punto de que, hoy en día, pagar la tasa no cumple el objetivo de hacer rotar los coches, sino que funciona como un peaje para ocupar la vía pública de forma indefinida.
El debate sobre si la ORA es una medida de regulación o una herramienta recaudatoria se aviva al comparar el modelo coruñés con el del resto de las ciudades gallegas. La diferencia no es baladí. Mientras en A Coruña un usuario puede mantener su vehículo estacionado todo el día abonando los tickets correspondientes, en Santiago de Compostela la normativa obliga al conductor a cambiar de sector, impidiendo la ocupación permanente de un mismo espacio. Más llamativo es el caso de Ferrol, donde en determinadas zonas del centro se limita el tiempo de estacionamiento para fomentar la rotación, pero no se cobra por ello. Al norte de la ría, la regulación existe; el negocio, no.
La tendencia en Galicia ha sido irregular. Ciudades como Lugo y Orense experimentaron con sistemas similares para acabar retirándolos, evidenciando que el modelo no siempre cuaja. En A Coruña, sin embargo, el camino ha sido el inverso: una constante expansión de las zonas ORA. La última modificación aprobada extiende este sistema «recaudatorio», en palabras de la oposición, a barrios con históricos problemas de aparcamiento como Os Mallos, lo que plantea dudas sobre si la solución al déficit de plazas es penalizar económicamente al vecino en lugar de ofrecer alternativas de movilidad.
El dinero: ¿Servicio público o beneficio industrial?
El principal argumento para sostener que la ORA se ha convertido en un negocio radica en el destino del dinero recaudado. Lejos de lo que piensa la mayoría de los ciudadanos, los ingresos por estacionamiento no revierten íntegramente en servicios para la ciudad. Las cifras más optimistas de los últimos años son demoledoras: apenas el 19,4% del total recaudado termina en las arcas municipales.
Esto significa que más del 80% del dinero que los conductores depositan en los parquímetros se queda en manos de la empresa concesionaria, convirtiendo la regulación del tráfico en una fuente de ingresos privada de primer orden. Esta desproporción evidencia que el sistema está diseñado más para garantizar la rentabilidad de la concesión que para financiar políticas de movilidad sostenible.
Agravio comparativo: Permisos gratuitos para unos pocos
La percepción de agravio se acentúa con la política de exenciones. Fuentes solventes denuncian que, mientras el común de los mortales abona religiosamente la tasa, el gobierno local concede permisos para aparcar gratis a personas y colectivos sin vinculación directa con el Ayuntamiento. Esta práctica, que carece de la transparencia exigible a un servicio público, convierte la excepción en un privilegio y refuerza la tesis de que la ORA se gestiona con criterios discrecionales alejados del interés general.
| Ciudad | Modelo ORA | Coste para el usuario | Destino de la recaudación |
| A Coruña | Pago por estacionamiento sin límite de tiempo | Sí | Mayoritariamente (>80%) a concesionaria |
| Santiago | Pago con obligación de cambiar de sector | Sí | — |
| Ferrol | Limitación horaria sin coste | No | — |
| Lugo/Orense | Modelo retirado | No aplica | — |
En conclusión, la evolución de la ORA en A Coruña presenta un modelo híbrido que ha perdido su rumbo inicial. Al compararlo con el entorno urbano gallego, se observa que es el único que combina el máximo beneficio recaudatorio (pago indefinido) con la mínima reinversión pública. La concesión administrativa, concebida para prestar un servicio, se ha consolidado como un negocio que, además, otorga privilegios de estacionamiento gratuito ajenos a la función social que justificó la ordenanza de 1998.