A pesar de las garantías de la alcaldesa, los magistrados advierten de que la reestructuración judicial perjudicará la eficiencia del sistema
La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, aseguró esta semana que el municipio no perderá ningún juzgado de instrucción, incluido el controvertido Juzgado de Instrucción número 8. Sin embargo, su versión ha sido puesta en duda por los propios jueces, el Colegio de Abogados y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), quienes advierten de que la medida anunciada por el Ministerio de Justicia agravará la saturación en los tribunales.
La versión de la alcaldesa: «No se perderá ningún juzgado»
Inés Rey defendió que, tras gestiones con el ministro Félix Bolaños, A Coruña mantendrá sus ocho juzgados de instrucción y sumará un nuevo juzgado especializado en violencia de género. Según explicó, no hizo pública esta información antes por «respeto institucional», en referencia a las negociaciones paralelas del alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien también buscaba garantías para los juzgados de su ciudad.
«Los números son claros a la hora de establecer la demarcación y la planta judicial», afirmó Rey, insistiendo en que cumplió su compromiso con los representantes judiciales.
La preocupación de los jueces: más retrasos y menos recursos
Sin embargo, desde los juzgados coruñeses se ha recibido la noticia con escepticismo. Fuentes judiciales señalan que el plan del Gobierno no implica la creación de un juzgado de violencia de género adicional, sino la transformación de uno de los juzgados de instrucción ya existentes. Esto, advierten, reducirá la capacidad para tramitar asuntos penales ordinarios, aumentando la carga de trabajo en los demás despachos.
«Convertir un juzgado de instrucción en uno exclusivo de violencia de género puede parecer un avance, pero en realidad supone perder un tribunal que ya estaba saturado de causas generales», explicó un magistrado bajo condición de anonimato.
Críticas del Colegio de Abogados y el TSXG
El Colegio de Abogados de A Coruña calificó la decisión del Gobierno de «barbaridad», argumentando que la solución no pasa por reestructurar los juzgados existentes, sino por dotar a la justicia de más medios y personal.
Por su parte, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia lamentó que el Ministerio de Justicia opte por «transformar en lugar de crear», eliminando además la posibilidad de que estos juzgados puedan ofrecer guardias de 24 horas, un servicio clave para la atención de detenciones y urgencias penales.
Un sistema al límite
La polémica llega en un momento de creciente presión sobre la justicia gallega, con retrasos acumulados y plantillas insuficientes. Mientras el Gobierno central defiende su plan como un avance en la especialización, los operadores jurídicos insisten en que, sin inversión real, la reforma solo empeorará el colapso.
La alcaldesa Rey mantiene su postura, pero los jueces ya han comenzado a movilizarse. La incertidumbre sobre el futuro de los juzgados coruñeses sigue abierta, y con ella, el temor a una justicia más lenta y menos accesible.