En un comunicado al Concello de A Coruña los vecinos de las Casas de Franco han vuelto a poner de manifiesto la distancia que hay para llegar a un acuerdo sobre esta obra y han tachado de vergonzosas las actuaciones del Gobierno de Inés Rey
La Plataforma por un Uso Racional del Espacio Público frente a las «Casas de Franco» ha vuelto a levantar la voz, esta vez con un escrito fechado el pasado 29 de abril, expresando su descontento y preocupación ante las autoridades locales. Sin embargo, la respuesta oficial recibida el 8 de mayo no ha logrado calmar los ánimos, sino que ha avivado aún más la llama de la controversia.
Los vecinos y comerciantes locales, ya familiarizados con la polémica, no se han hecho esperar para expresar su desacuerdo con las justificaciones ofrecidas por las autoridades municipales. Mientras se argumenta la búsqueda de mejoras en el espacio peatonal y la movilidad, muchos se preguntan si estas obras están realmente en línea con tales objetivos. La reducción del área peatonal y la elevación de zonas ajardinadas, según algunos críticos, estarían dificultando más que facilitando el acceso a servicios esenciales como contenedores, taxis, ambulancias y áreas de carga y descarga.
La denuncia pública no se limita solo a las potenciales violaciones de normativas de accesibilidad y discriminación para el acceso y uso de espacios públicos urbanizados, sino que también se extiende a la opacidad en el manejo de la información por parte de las autoridades locales.
Se hace referencia a una reunión previa en la que los representantes de la comunidad se sintieron respaldados por la solidez y racionalidad de sus argumentos. En este encuentro, las autoridades municipales indicaron que estarían dispuestas a reconsiderar ciertos aspectos del proyecto, como bajar la cota 0, bajo ciertas condiciones. Sin embargo, estas condiciones parecen haber sido inalcanzables o poco claras, lo que llevó a una situación de estancamiento.
La crítica se intensifica al revelar que, detrás de esta aparente apertura a considerar cambios, se escondían relaciones estrechas entre la empresa distribuidora de electricidad y el Ayuntamiento. Se sugiere que estos lazos podrían haber influido en la viabilidad de las condiciones propuestas, dejando a la comunidad en una posición desventajosa.
Además, se denuncia la negativa de las autoridades municipales a reconocer una comunicación verbal previa con representantes de la industria, argumentando que esta no puede ser considerada válida sin un respaldo documental. Se sugiere que verificar esta comunicación sería tan simple como contactar directamente a los responsables de la industria, cuyos nombres y apellidos fueron proporcionados en un escrito anterior, precisamente para evitar dudas o sospechas.
