La alcaldesa de A Coruña promete lo que no puede cumplir, confunde VPO con vivienda pública, y mientras tanto, el parque público real se reduce a 50 pisos por imperativo judicial y un centro de asociaciones. La vivienda no es un eslogan, es una emergencia.
La vivienda es, según todas las encuestas, el principal problema de los españoles. Pero no temas, porque en A Coruña tenemos a una alcaldesa, Inés Rey, que ha encontrado la solución mágica: pronunciar palabras bonitas y confiar en que nadie sepa la diferencia entre una vivienda pública y una VPO. Porque, ¿quién necesita ladrillos cuando tienes titulares?
Un problema serio, una respuesta de boquilla
Que el acceso a una vivienda digna sea el primer dolor de cabeza ciudadano no es una broma. Pero la señora Rey parece haberse apuntado a un máster en fake news involuntarias (o quizá no tan involuntarias) al anunciar, con la solemnidad de quien descubre la penicilina, que en San Pedro de Visma habrá 1.000 viviendas públicas. Públicas, dice. De esas de titularidad municipal, de alquiler social, de esas que gestiona directamente el ayuntamiento. ¿O no?
Porque, como bien se explica en el documento que debería haber leído antes de abrir la boca, vivienda pública y vivienda de protección oficial (VPO) son conceptos tan distintos como un piso en el centro de Madrid y una tienda de campaña en un camping. La primera es propiedad de la administración; la segunda, un régimen jurídico que puede aplicar un promotor privado. Pero claro, decir «1.000 VPO» no suena tan revolucionario, y además implicaría reconocer que el ayuntamiento no va a poner un duro, solo a ceder suelo y a cruzar los dedos para que algún privado se apiade.
El problema del dinero (y del suelo, y de la realidad)
Vayamos a los números, que suelen ser muy antipáticos con las promesas grandilocuentes. La Xunta, a través del IGVS, planea construir 4.000 viviendas en toda Galicia, con un coste medio de 150.000 a 170.000 euros por unidad. Haga usted la cuenta: 1.000 viviendas públicas supondrían un desembolso de entre 150 y 170 millones de euros. El presupuesto total del Ayuntamiento de A Coruña ronda los 300 millones. Es decir, la alcaldesa se gastaría más de la mitad del presupuesto municipal en una única promoción, sin contar que el suelo en San Pedro de Visma cuesta un riñón y medio (las ofertas más baratas encontrada empieza en 289.900 € sin IVA y una sola habitación por vivienda). Pero, oye, quizá Inés Rey ha descubierto una imprenta de billetes oculta en María Pita.
Lo más probable, y aquí viene la ironía fina, es que la regidora quisiera decir 1.000 viviendas de protección oficial, una cifra que sí encaja con el porcentaje de reserva de suelo para ese fin. Pero, ¡ay!, que una cosa es reservar suelo y otra muy distinta es que haya promotores dispuestos a construir. Porque el suelo protegido se queda desierto más veces que un plató de televisión en agosto. ¿Cuántas promociones de VPO se han solicitado realmente en esa ubicación? Esa pregunta, querida alcaldesa, no aparece en sus tuits.
El periplo de las viviendas públicas reales (las que existen)
Porque no nos engañemos: de vivienda pública, en A Coruña, lo que se dice pública, hay dos ejemplos recientes. Las 50 viviendas de Xuxán, que se construyen por obligación judicial (no por generosidad municipal). Y las de Marqués de Pontejos, que inició el gobierno de Marea Atlántica y que Inés Rey, en un golpe de inspiración, decidió reconvertir en sede para asociaciones. Porque, ¿para qué alquilar a familias necesitadas cuando puedes tener un local social Un gesto de altura, sin duda.
El artículo 47 de la Constitución: ese incómodo texto
La alcaldesa también ha hecho una «lectura sesgada» del artículo 47 de la Constitución, ese que dice que « Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.«. Pero atención, que el artículo no dice que los ayuntamientos tengan que construir 1.000 viviendas públicas de golpe y porrazo. Dice que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias. Y eso, señora Rey, incluye no confundir VPO con vivienda pública, no prometer lo que no se puede cumplir, y no cambiar de uso las pocas viviendas sociales que existen para quedar bien con las asociaciones.
Entre la necesidad y la ocurrencia
La gravedad del problema de la vivienda merece seriedad, datos y planificación. No ocurrencias para llenar entrevistas. Cuando una alcaldesa anuncia 1.000 viviendas públicas sin tener presupuesto, sin suelo tasado y sin proyecto, está contribuyendo al cinismo generalizado que rodea a la política. Y, de paso, hace un flaco favor a quienes de verdad necesitan una casa, no un titular.
Así que ya saben, vecinos de A Coruña: si ven una grúa en San Pedro de Visma, no se emocionen demasiado. Puede que sea solo un espejismo, o quizá el decorado de la próxima rueda de prensa. Eso sí, sigan pagando el alquiler, que mientras tanto, la alcaldesa sigue buscando el suelo donde plantar su promesa. O, al menos, su próxima declaración.