La proliferación de edificios con puertas y ventanas tapiadas en el barrio es ya algo habitual.
El asalto a uno de los narkopisos en el barrio de Monte Alto ha sido el catalizador de una creciente preocupación entre los vecinos de A Coruña. Ante la falta de seguridad y la proliferación de pisos ocupados donde el tráfico de drogas es una constante, la comunidad local ha decidido tomar medidas por su cuenta para hacer frente a esta problemática.
La tarde del suceso, los residentes se congregaron en la plaza de San José para expresar su malestar, inicialmente con una cacerolada que pronto se convirtió en una manifestación en las puertas de uno de los pisos okupados. El derribo de la puerta del edificio por parte de los vecinos evidenció su determinación por actuar ante la situación.
La intervención policial logró calmar los ánimos momentáneamente, pero el clamor vecinal persistió, exigiendo medidas concretas para resolver el problema de las okupaciones ilegales en la ciudad. La presencia de la Unidad de Intervención Policial (UIP) subrayó la gravedad del incidente y la necesidad de una respuesta urgente.
Sin embargo, la inacción política ha llevado a los residentes a tomar medidas drásticas para proteger sus comunidades. Ante la falta de soluciones reales por parte de las autoridades locales y regionales, los vecinos han comenzado a cerrar puertas y ventanas de edificios deshabitados, buscando prevenir nuevas okupaciones ilegales.
Los acontecimientos recientes en Monte Alto son solo la punta del iceberg de un problema que afecta a múltiples zonas de A Coruña.
Este movimiento refleja el creciente descontento de la ciudadanía frente a la pasividad de sus representantes políticos. La alcaldesa, Inés Rey, ha instado a la calma sin asumir su responsabilidad en la búsqueda de soluciones efectivas. Por su parte, la subdelegada del Gobierno, María Rivas, parece minimizar la gravedad del problema al responsabilizar a los vecinos por su reacción.
En última instancia, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos deben ser la máxima prioridad de cualquier gobierno. La inacción política solo alimenta la frustración y el descontento de la comunidad, empujando a los vecinos a tomar medidas extremas para proteger sus hogares y sus barrios. Si las autoridades no actúan con determinación para abordar esta problemática, es probable que los enfrentamientos entre vecinos y okupas ilegales continúen, creando un ambiente de tensión e inseguridad en la ciudad.
