El polígono de Pocomaco no está en crisis: está en descomposición lenta. Mientras sus naves siguen en pie y su actividad no cesa, la estructura que debería gestionarlo se ha convertido en un cadáver administrativo que aún se mueve por reflejos autoritarios, opacidad y decisiones suicidas. No hay luz al final del túnel. Pero empieza a haber conciencia de que el túnel no tiene salida si no se dinamita antes a la cúpula que lo custodia.
La última asamblea no fue un punto de inflexión. Fue la constatación de un hundimiento. Lejos de resolver algo, evidenció hasta qué punto la junta rectora ha perdido toda legitimidad, todo tacto y todo respeto por las mínimas reglas de la democracia entre propietarios.
El prólogo de este desastre ya era conocido: una junta rectora severamente criticada, que intentó ceder los viales al Ayuntamiento en condiciones ruinosas para los comuneros, con el respaldo institucional de la alcaldesa y su primer teniente de alcalde, y con una presidenta que firmó un convenio sin consultar a nadie. Aquello no fue un error: fue un síntoma. Y los síntomas se han cronificado.
Asamblea secuestrada desde la convocatoria
El día de la asamblea, la junta decidió cambiar las reglas de acceso sin modificar los estatutos. Impusieron un sistema nuevo, confuso y arbitrario: exigir a los propietarios acreditarse como ellos decidieran, con un vago “suficiente antelación” y pidiendo “título de propiedad o documento equivalente” —sin definir qué se considera equivalente—. Un galimatías jurídico que olía a filtro, no a facilitación.
Pero lo más grave llegó cuando rechazaron un documento notarial que acreditaba representación legal de un propietario, exigiéndole en su lugar un formulario casero de escasísima formalidad puesto por la propia junta como modelo. Es decir: papel notarial no vale; el papel de la junta, sí. Una decisión que roza lo esperpéntico y que delata la verdadera naturaleza del conflicto: no hay voluntad de gestionar, sino de controlar.
El resultado fue una asamblea de entrada prohibida para varios propietarios que en otras ocasiones habían asistido sin problemas. Y, por primera vez, la junta rectora contrató seguridad privada. No para garantizar el orden, sino para protegerse del descontento. Trinchera, no gestión. Miedo, no liderazgo.
Una junta rectora sin rumbo, sin vicepresidente y sin crédito
Durante el desarrollo de la asamblea, la debilidad de la cúpula se hizo estructural. El primer punto, la aprobación de las cuentas del año pasado, fue rechazado. No era sorpresa: nadie puede aprobar cuentas que no se facilitaron con antelación. Pero el verdadero naufragio llegó cuando la junta fue incapaz de cubrir sus propias vacantes, entre ellas la vicepresidencia. Una junta que no puede recomponerse es una junta agonizante.
Tampoco lograron sacar adelante la inversión de un millón de euros para el asfaltado. Y, en este caso, el rechazo no fue obstruccionismo: fue cordura. Porque aprobar una capa de asfalto para después levantarla por obras de canalización no es inversión, es chapuza. Y los comuneros ya no tragan con chapuzas.
Las críticas también apuntaron a la relación con el Ayuntamiento: una negociación mal hecha, contra los intereses de los propietarios, y la ausencia total de una estrategia sensata con el polígono de Vio. Como recordaron varios asistentes: si Vio necesita usar los viales de Pocomaco para acceder a su propio polígono, lo lógico es que colabore en los gastos. Pero ni eso se ha planteado con seriedad.
El problema de fondo: una junta sin dueños
A esto se suma otro síntoma de disfunción: la junta se negó a facilitar el listado de comuneros alegando que no estaba “desarrollado”. Una excusa que deja una pregunta en el aire, tan simple como demoledora: ¿cómo es posible gestionar una comunidad sin saber quiénes la forman?
La solución no se ve, pero ya no hay excusas
No hay brotes verdes. No hay optimismos fáciles. La asamblea no ha resuelto nada. Pero ha dejado algo más importante: ha puesto en evidencia que la actual junta rectora está agotada, deslegitimada e inútil. No puede aprobar cuentas, no puede cubrir sus vacantes, no puede ejecutar inversiones sensatas, no puede negociar con el Ayuntamiento, no sabe quiénes son sus propios comuneros y está presidida por alguien que ni siquiera forma parte de la propiedad.
Si Pocomaco tiene algún futuro, este pasa por una condición innegociable: la renovación y regeneración total de su junta rectora. No parches, no cambios cosméticos. Borrón y cuenta nueva. Mientras eso no ocurra, el polígono seguirá navegando a la deriva, con una junta que ya no manda, sino que resiste. Y la resistencia de los incompetentes no es gobierno: es ruina lenta.
La anécdota que se hizo símbolo: el jinete enmascarado desafía el cerco
Entre el malestar, los documentos notariales rechazados, las excusas para no entregar el listado de comuneros y la seguridad privada vigilando la puerta como si se temiera un asalto, la asamblea de Pocomaco tuvo un momento que ya forma parte de la crónica extraoficial del despropósito.
Ante los continuos impedimentos para acceder al recinto —exigencias cambiantes, formas de acreditación improvisadas, voluntad evidente de desanimar a los críticos—, varios propietarios se quedaron fuera. No por falta de legitimidad, sino por exceso de arbitrariedad. Y en ese límite, entre la impotencia y la indignación, apareció el jinete enmascarado.
Cabalgó simbólicamente — quizá solo en la voluntad de quien se niega a ser borrado del mapa— hasta las puertas de la CEC, en Elviña, donde se celebraba la asamblea. No entró. No podía. Pero su presencia fue un acto de protesta muda contra un sistema que parece diseñado para excluir.
El jinete enmascarado no solucionó nada. Pero dejó claro que, aunque la solución aún no se ve, la indignación sí ha encontrado quién la monte.