El Ayuntamiento de A Coruña ha puesto en marcha la votación de los Presupuestos Participativos 2026, alardeando de un récord de 100 propuestas y animando a la ciudadanía a decidir el destino de 2,6 millones de euros. Sin embargo, un análisis detenido de la situación económica del Concello y de los entresijos administrativos de esta partida invita a ser más que escépticos. El proceso, que se presenta como un ejercicio de democracia directa, podría ser una mera estrategia de imagen para entretener a la ciudadanía mientras el consistorio navega en aguas económicas turbulentas.
Según la versión oficial, la votación, que se extiende hasta el 31 de agosto, es un éxito de participación con 100 propuestas que han superado el filtro técnico y económico. La alcaldesa, Inés Rey, ha hecho un llamamiento a los vecinos para que construyan «una Coruña más próxima y equilibrada». La cifra es, sin duda, llamativa, pero los problemas surgen al mirar la letra pequeña de las cuentas municipales.
El crédito como espejismo
La principal sombra de duda la proyecta la propia financiación de estos presupuestos. La partida de 2,6 millones de euros para inversiones participativas no es una realidad tangible, sino que está ligada a un préstamo. Es decir, el Ayuntamiento está pidiendo a los vecinos que voten y se ilusionen con proyectos que, a día de hoy, no tienen asegurada su ejecución porque dependen de una operación de crédito de la que, a finales de julio, no se sabe absolutamente nada. Poner el carro (la votación) delante de los bueyes (la financiación) no es solo una torpeza, sino que puede ser una maniobra para generar expectativas falsas en los barrios.
Este planteamiento resulta aún más preocupante si se tiene en cuenta la delicada salud financiera del Concello. A principios de año, se confirmó que el Ayuntamiento cerró el ejercicio de 2025 con un remanente de tesorería negativo de 9,6 millones de euros, lo que implica una falta de liquidez alarmante para cubrir las obligaciones de pago. Este es el primer déficit de este tipo desde que Inés Rey es alcaldesa, y su impacto en la capacidad de inversión del consistorio es una incógnita que el gobierno local no ha aclarado satisfactoriamente. Si la situación es tan grave que ya se han planteado ajustes, ¿cómo se va a pedir un préstamo adicional para unos presupuestos participativos?
La sombra de la sospecha política
La desconfianza no hace sino aumentar al observar la gestión política de este proceso. El BNG, socio de gobierno del PSOE, ya ha mostrado sus dudas sobre el mantenimiento del pacto presupuestario al considerar que el gobierno local les ocultó el déficit durante la negociación de las cuentas. Esta pérdida de confianza en el seno del propio gobierno es un síntoma de que la situación financiera es más compleja de lo que se transmite a la opinión pública.
Además, el hecho de que la gestión de los Presupuestos Participativos recaiga en el área de Economía, Planificación y Estrategia, y no en el área de Participación Ciudadana (incluida en Bienestar Social), es, como mínimo, revelador. Esta decisión, que ya se repetirá con la modificación del PXOM para el edificio de las Adoratrices, sugiere que el proceso se aborda desde una óptica financiera y estratégica, y no desde una genuina voluntad de fomentar la implicación ciudadana.
Un anuncio vacío
El gobierno local habla de llevar una modificación presupuestaria al pleno de octubre para incorporar las propuestas ganadoras. Sin embargo, esta promesa podría ser el anuncio de que, ante la imposibilidad de pedir el préstamo, se tendrán que recortar partidas de otras inversiones para poder financiar los proyectos elegidos por los vecinos. De ser así, estaríamos ante un juego de sumas cero en el que, para contentar a unos, se castiga a otros, desvirtuando por completo el espíritu de los presupuestos participativos.
En conclusión, el Ayuntamiento de A Coruña parece estar orquestando una farsa. Mientras la ciudadanía vota y elige sus prioridades, la realidad financiera del Concello, marcada por un déficit estructural y la dependencia de un préstamo, plantea serias dudas sobre la viabilidad real del proceso. Todo apunta a que esta edición de los Presupuestos Participativos, más que un ejercicio de democracia, es una cortina de humo para ocultar una gestión económica que, cuando menos, deja mucho que desear.