La moción, impulsada por el BNG y apoyada por el PP, fue aprobada para investigar la sanción ilegal de un funcionario, un caso que ya ha sido anulado por los tribunales
El pleno municipal de Culleredo celebrado este martes estuvo marcado por una notable ausencia: la del alcalde, José Ramón Rioboo. El regidor no estuvo presente en una sesión crucial donde se debatió remitir a la Fiscalía los hechos relativos a la sanción impuesta a un funcionario, un caso que podría salpicar de presunta prevaricación administrativa a la concejala de Personal, Marta Figueroa, e incluso al propio alcalde.
Una ausencia calificada de irresponsable
La falta de Rioboo fue interpretada por la oposición como un acto de irresponsabilidad y una clara «actitud de avestruz» para esquivar las críticas. Los críticos destacaron que el alcalde solo delegó sus funciones para la celebración de este pleno en concreto, pero no para el resto de los actos oficiales del día, lo que demuestra que su ausencia en el máximo órgano de gobierno municipal fue una elección deliberada para no dar la cara ante una moción que le apunta directamente.
El equipo de gobierno del PSOE, con solo 7 concejales presentes, de los 21 concejales que componen la corporación, se opuso a la moción. Sin embargo, la propuesta del BNG logró la mayoría necesaria al sumar el apoyo de los 7 ediles del PP y la abstención de los 2 concejales de Alternativa dos Veciños. Dejando solo al disminuido equipo de gobierno.
Los puntos clave de la moción
La moción presentada por el BNG y enmendada por el PP (en su parte expositiva) recoge tres acuerdos fundamentales:
- Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos para que investigue un posible delito de prevaricación administrativa, remitiendo toda la documentación de los expedientes y las sentencias judiciales que han anulado la sanción.
- Remitir una certificación de este acuerdo al Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de A Coruña.
- Informar a todos los miembros del Pleno de los pasos que se vayan dando en este proceso.
Motivación: Una sanción contraria a derecho
El origen de la moción se encuentra en la sanción impuesta por la concejala de Personal, con el respaldo del alcalde Rioboo, a un funcionario jefe de Servicio de Urbanismo. La medida, que lo suspendió de empleo y sueldo durante seis meses, fue revocada primero por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de A Coruña y, posteriormente, confirmada esa anulación por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
La justificación de la moción alega que la actuación del gobierno municipal fue «contraria a derecho», «grosera y esperpéntica», y que se realizó con «pleno conocimiento» de su ilegalidad, tras ser advertidos en reiteradas ocasiones por los servicios jurídicos municipales. Por ello, se consideran indicios de «dolo y mala fe» que justifican la investigación fiscal.
El PP, al defender su apoyo a la moción, argumentó a través de su portavoz, Izaskun García, que «cuando un alcalde y una concejala actúan sabiendo que lo que hacen no es legal, eso merece una investigación seria, independiente y con garantías».
Con la ausencia del alcalde como telón de fondo, la corporación ha decidido que la Justicia ordinaria determine si en la sanción del funcionario hubo una actuación arbitraria y delictiva por parte de los máximos responsables del gobierno local.