La formación liderada por Trinidad Palacios registra enmiendas a la modificación del PXOM, insiste en que la sentencia judicial no determina el diseño y acusa al gobierno local de anteponer los intereses privados a las necesidades de un barrio con alta densidad poblacional
El futuro del Parque del Agra se ha convertido en el nuevo campo de batalla política en la ciudad. Lejos de cerrar el debate, la Modificación Puntual número 27 del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) ha abierto una nueva confrontación entre el gobierno local de Inés Rey (PSOE) y sus socios de BNG, y la oposicións. Este lunes, Movemento Sumar Coruña registró un paquete de alegaciones que, más que correcciones puntuales, suponen un cuestionamiento frontal al modelo planteado por el ejecutivo municipal, evidenciando un claro clima de rechazo al proyecto.
Las alegaciones presentadas por la formación de Trinidad Palacios no se limitan a aspectos técnicos menores. Sumar hace una interpretación política y social del proceso, insistiendo en un punto que consideran clave: la sentencia judicial que anuló el planeamiento anterior no prescribe cómo debe ser el parque. “Una sentencia resuelve un conflicto jurídico, pero no decide cómo debe ser el Parque del Agra. Esa responsabilidad sigue siendo del Concello y debe ejercerse pensando primero en las necesidades del barrio”, declaró Palacios en un comunicado.
El núcleo del conflicto: edificabilidad frente a espacio público
El documento presentado por Sumar critica la metodología empleada por el gobierno de Inés Rey, al considerar que el proyecto parte de un error de enfoque. Mientras el Concello defiende que la operación es la única viable para cumplir con el fallo judicial sin generar cargas indemnizatorias, Sumar sostiene que la administración local está diseñando el parque en función de los aprovechamientos privados previamente determinados, y no al revés.
“Primero hay que preguntarse qué parque necesita Agra y, a partir de ahí, determinar qué ordenación es compatible con esa necesidad. No al revés”, sentenció la portavoz. En este sentido, las alegaciones exigen que el futuro espacio verde se conciba como una infraestructura urbana esencial, garantizando continuidad, accesibilidad, sombra, arbolado y espacios destinados a la infancia, personas mayores y los cuidados. Sumar reclama que se revise la edificabilidad y se estudien alternativas que prioricen el retorno colectivo frente a los intereses privados.
Una crítica directa al BNG y la «paradoja» de Avia Veira
El escrito de Sumar no solo va dirigido al gobierno de Inés Rey, sino que también busca remover las aguas en el seno del ejecutivo local. La formación aprovechó para cargar contra la postura mantenida por el BNG y su concejala, Avia Veira. Sumar recuerda que en mayo, cuando se comenzó a perfilar el acuerdo para dar salida al litigio, Veira avaló el proyecto y presumió de haber conseguido un “parque de verdad”.
Sin embargo, tres meses después, el escenario ha cambiado. Sumar celebra que “otros cuestionen ahora este modelo”, pero exige explicaciones a aquellos que en mayo lo apoyaron. “Quien en mayo lo avaló y presumió de tener un parque de verdad tendrá que explicar por qué tres meses después ya no le sirve”, criticó Palacios, en una clara alusión a la concejala nacionalista, evidenciando las fisuras internas en el gobierno local sobre la gestión de este asunto.
Un cúmulo de demandas que refleja el descontento vecinal
Desde Sumar insisten en que no se trata de un trámite burocrático menor, sino de una oportunidad histórica para saldar la deuda con uno de los barrios más densamente poblados de la ciudad. Las alegaciones presentadas suponen un compendio de demandas que abarcan desde la necesidad de un estudio pormenorizado de las alternativas hasta la exigencia de que la participación vecinal tenga capacidad real de incidencia en la ordenación definitiva.
“El Parque del Agra es una oportunidad excepcional para saldar una deuda histórica con uno de los barrios más densos de la ciudad. El Concello debe poner el espacio público y el bien común por delante de los intereses urbanísticos”, concluye el comunicado.
Ahora, el gobierno de Inés Rey tendrá que evaluar estas alegaciones. No obstante, la cantidad y el calado de las peticiones presentadas por Sumar y otras entidades dibujan un escenario de confrontación que retrasará la aprobación definitiva del proyecto y que deja en evidencia que, lejos de un consenso, el futuro del Agra del Orzán sigue siendo un territorio en disputa.