Un área sin control en el Ayuntamiento de A Coruña
La gestión del área de personal en el Ayuntamiento de A Coruña, responsabilidad del concejal José Manuel Lage Tuñas, atraviesa un momento complicado y plagado de controversias legales y administrativas.
La reciente sentencia 00194_2024, emitida por el Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de A Coruña, ha anulado la creación de 10 nuevos puestos de trabajo por no cumplir con la valoración previa exigida por la ley. Esta creación de puestos se aprobó a través de una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en octubre de 2023, supervisada por Lage Tuñas y ejecutada con la colaboración de Manuel Ángel Jove Losada, director de área y funcionario proveniente de la Diputación de Lugo, quien ha asumido amplias competencias en el área de personal.
El sindicato CIG ha expresado repetidamente sus críticas hacia la falta de una actualización integral de la RPT, algo que se prometió en el mandato anterior, iniciado en 2019. En aquel momento, se adjudicó la tarea a la empresa ADECCO, y en el presente mandato, iniciado en 2023, se comprometió a realizarlo mediante recursos propios del Ayuntamiento, pero hasta ahora no se ha cumplido.
Las mesas de negociación para la nueva RPT han sido pospuestas constantemente, mientras que se aprueban modificaciones puntuales de la RPT mediante decretos, lo que ha generado críticas por parte de los sindicatos y funcionarios que ven en esta práctica una falta de transparencia y de compromiso.
Además, la administración ya ha sido criticada por la opacidad en el nombramiento de personal eventual. El listado de contrataciones eventuales del mandato 2023-2027 se ocultó durante más de un año y no se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) hasta el 16 de septiembre de 2024, a pesar de que la mayoría de estos nombramientos se realizaron en junio de 2023. Este retraso denota falta de transparencia, dado que los decretos fueron firmados por Inés Rey y publicados solo recientemente, con la firma de Lage Tuñas.
La situación también se agrava con otros casos controvertidos, como el de Monserrat Paz, quien fue nombrada jefa de seguridad en el mandato anterior a pesar de ser funcionaria de prisiones. Diversas sentencias judiciales ordenaron retrotraer su nombramiento, pero el gobierno actual sigue sin ejecutarlas. Esta inacción ante sentencias firmes ha generado aún más críticas sobre la administración de personal.
En el área de Bienestar Social, también se han señalado prácticas cuestionables, ya que se han creado programas específicos para justificar la contratación de personal interino en puestos estructurales, lo cual puede incumplir la legalidad. Además, se han denunciado casos de nombramientos que parecen obedecer a relaciones personales o políticas más que a criterios de mérito y capacidad, como el de Jove Losada o la ex alcaldesa socialista de Trabada, que ocupa ahora un cargo de responsabilidad.
En conjunto, el departamento de personal se enfrenta a una serie de desafíos judiciales y administrativos, con una serie de quejas sobre posibles irregularidades en los procesos de selección, incumplimiento de sentencias y falta de transparencia en la asignación de puestos de responsabilidad.
Esta situación podría tener implicaciones graves para el Gobierno de Inés Rey, tanto en el ámbito judicial como en el político, y representa un importante reto en términos de credibilidad y confianza pública.
El caso estrella
La situación de las comisiones de servicio en el Ayuntamiento de A Coruña se ha convertido en un tema estrella debido al uso frecuente y aparentemente excesivo de este mecanismo. Originalmente concebidas como una herramienta para cubrir vacantes de manera rápida y temporal, las comisiones de servicio han alcanzado ya los 300 puestos en la administración municipal, lo que sugiere una dependencia prolongada de esta modalidad.
El sindicato CIG, entre otros colectivos, ha denunciado este uso «abusivo» y «arbitrario» de las comisiones de servicio, alegando que podría estar siendo utilizado para evitar convocatorias públicas y permanentes que garantizarían la transparencia y la equidad en la selección de personal. Según el sindicato, esta práctica afecta a la estabilidad laboral y desvirtúa el objetivo del sistema de comisiones, que debería ser la cobertura de necesidades urgentes y temporales, no una estrategia de asignación regular.
En respuesta a estas denuncias, la Fiscalía ha presentado una querella que ha sido admitida a trámite en el Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña, que actualmente investiga si el Ayuntamiento ha estado utilizando esta figura de manera indebida.
A pesar de la investigación en curso, el recurso a las comisiones de servicio sigue en práctica, lo que indica una tendencia hacia la provisionalidad en la asignación de funciones dentro del Ayuntamiento. La situación plantea dudas sobre la transparencia en la administración y refuerza las críticas hacia un sistema que podría estar desvirtuándose al favorecer la asignación temporal en lugar de procesos selectivos abiertos y competitivos.
Inés Rey
La alcaldesa de A Coruña se enfrenta a un panorama complicado respecto a la gestión de personal en el Ayuntamiento, con una serie de problemas judiciales y de transparencia que ponen en entredicho la administración. A pesar de las múltiples quejas y las sentencias pendientes de ejecución, como en el caso de la concejala Monserrat Paz, y las denuncias sobre un presunto abuso de las comisiones de servicio, Inés Rey ha continuado cediendo competencias clave a Lage Tuñas y a algunos funcionarios traídos de otras administraciones. Esta situación es particularmente delicada debido a la participación activa de la Fiscalía y los juzgados en casos relacionados con estos temas, lo que podría tener implicaciones jurídicas y políticas graves.
Las sentencias no ejecutadas y las presuntas irregularidades en algunos procesos selectivos generan serias dudas sobre el cumplimiento de los principios de mérito y transparencia en la administración local. Además, la dependencia de las comisiones de servicio para asignar puestos ha sido duramente criticada, incluso con denuncias presentadas por sindicatos como la CIG, que consideran que esta práctica fomenta la arbitrariedad y la provisionalidad en lugar de fomentar la estabilidad en el empleo público.
La decisión de Inés Rey de mantener el control de estas áreas en manos de personas con antecedentes problemáticos en la administración puede llevar a un deterioro de la imagen del Ayuntamiento y dificultar la confianza pública. Desde el punto de vista político, la situación es potencialmente insostenible si no se abordan estas prácticas de manera transparente y se ejecutan las sentencias en curso, pues el impacto podría ser irreversible tanto en su gestión como en su futuro político.
