El portavoz popular Miguel Lorenzo acusa a la alcaldesa Inés Rey de privar a 150 dependientes de una plaza pública y retrasar «una de las mejores residencias de Europa»
Todo está listo. Las camas, los comedores, las zonas comunes y la tecnología asistencial de última generación aguardan en silencio. La nueva residencia pública de mayores de Eirís, una instalación modélica financiada con una donación de 32 millones de euros de la Fundación Amancio Ortega e integrada en la red gallega de servicios sociales, lleva meses completamente equipada. Sin embargo, sus 150 plazas públicas permanecen vacías. La razón, según denuncia el portavoz del Grupo Popular, Miguel Lorenzo, es un «bloqueo» del gobierno municipal de Inés Rey (PSOE) que retrasa sine die la concesión de la imprescindible licencia de primera ocupación.
«Está todo listo. Solo falta esa licencia. Exigimos que la desbloquee», reclamó Lorenzo con contundencia. «Es una pena que el Concello retrase la entrada en servicio de una de las mejores residencias de España y Europa». Según el portavoz popular, este retraso está «perjudicando a 150 dependientes» que necesitan una plaza pública y que podrían estar ya recibiendo cuidados en un centro de referencia.
Los plazos dibujan un panorama de estancamiento administrativo. El pago de la tasa municipal por la licencia se efectuó a finales de agosto de 2025, hace ya cinco meses. Posteriormente, la Consellería de Política Social de la Xunta respondió el pasado 12 de diciembre al último requerimiento técnico formulado por el Ayuntamiento. «Desde entonces no hay respuesta. Va más de un mes de silencio municipal», insistió Lorenzo. Este silencio es la barrera final: sin el documento municipal, es imposible fijar fecha alguna para la entrada de los primeros residentes. «La Xunta de Galicia, que tiene todo listo, no la puede abrir porque el ayuntamiento está bloqueando la licencia», resumió.
El proyecto de Eirís es fruto de un innovador modelo de colaboración público-privada, donde la fundación ha cubierto el coste de construcción y equipamiento, mientras que la Xunta se encargará de la gestión y explotación como residencia pública. Un modelo que ahora choca con la burocracia local.