Menos de cinco años después de su inauguración, los bancos pelados, los bordes rotos y las papeleras fuera de sitio evidencian una falta crónica de cuidado. Detrás, un sistema de contratos opaco que desvía fondos millonarios de mantenimiento hacia obras sin proyecto ni licitación
Fue en junio de 2021 cuando el gobierno local de Inés Rey inauguró con bombo y platillo la Rosaleda de Méndez Núñez. Un espacio que se vendió como una nueva imagen de la ciudad, un pulmón floral y un orgullo para los coruñeses. Pero la realidad, tozuda, se impone menos de cinco años después: basta dar un pequeño paseo para comprobar que aquel símbolo de modernidad se ha convertido en un ejemplo más de abandono.
Los síntomas saltan a la vista sin necesidad de ser un experto en urbanismo. Los bordes de los parterres aparecen rotos en múltiples puntos, los bancos de madera lucen una pintura descascarillada que evidencia un mantenimiento nulo o deficiente, y las papeleras tienen sus bases de cemento fuera de sitio, como si hubieran sido colocadas sin el más mínimo criterio. No se trata de daños provocados por el paso del tiempo, sino por la ausencia de un plan de conservación elemental. La Rosaleda ya no es la postal que prometía ser: es el espejo de una ciudad que se deteriora mientras sus gobernantes miran hacia otro lado.
Pero el problema no se limita a este rincón verde. En A Coruña, el deterioro de infraestructuras, calles, aceras y mobiliario urbano es una constante que los vecinos sufren a diario. Y la clave de esta dejadez no es la falta de recursos, sino la forma en que el gobierno local utiliza —o malutiliza— los contratos de mantenimiento.
Tomemos como ejemplo los dos grandes contratos millonarios que existen para atender el mantenimiento de aceras y calles en las dos zonas de la ciudad. Sobre el papel, estas partidas deberían ser más que suficientes para resolver los cientos de arreglos pendientes que cualquiera puede ver al caminar por el centro, la periferia o la propia Rosaleda. Sin embargo, esas cantidades se vacían sistemáticamente para financiar obras que no son de mantenimiento, sino que deberían considerarse nueva inversión. ¿Y mientras tanto, qué pasa con las partidas específicas de inversiones? Pues que el ayuntamiento apenas ejecuta el 25% de las mismas, dejando en los cajones decenas de proyectos que nunca llegan a materializarse.
¿Por qué ocurre esta desviación de fondos? La respuesta es incómoda pero evidente: es mucho más cómodo para el gobierno local encargar una obra a dedo, sin proyecto, sin dirección de obra y, lo más grave, sin licitación pública. Cuando una actuación se etiqueta como «mantenimiento», se ahorran los plazos, los controles y la transparencia de una contratación abierta. El resultado es la improvisación y la chapuza. Un ejemplo paradigmático lo encontramos en el tremendo escalón que hay que salvar al cruzar de la calle Palomar a la avenida de Finisterre: una barrera arquitectónica que no superaría ningún control de accesibilidad y que evidencia la ausencia de un proyecto serio.
Las consecuencias de desviar partidas de mantenimiento hacia obras nuevas sin los protocolos adecuados son dos, y ambas devastadoras. La primera: la falta de mantenimiento crónico provoca un deterioro acelerado de espacios como la Rosaleda, que terminará necesitando una rehabilitación integral mucho más cara que cualquier plan de conservación preventiva. La segunda: las obras nuevas ejecutadas al amparo de estos contratos exprés acaban siendo parches mal acabados, carentes de memoria técnica y condenados a generar nuevos problemas en el corto plazo.
Detrás de todo esto hay una forma de gestionar la contratación personalista y arbitraria, donde priman la inmediatez y el ahorro de trámites sobre la calidad, la planificación y el interés general. Y mientras tanto, la ciudadanía asiste impávida al espectáculo de una Rosaleda que se deshoja, unas aceras que se resquebrajan y un gobierno que parece más preocupado por inaugurar que por conservar.
No se trata de nostalgia ni de exigir perfección. Se trata de sentido común y de responsabilidad. Si no se revierte esta deriva, A Coruña no será una ciudad deteriorada por el paso del tiempo, sino por la negligencia de sus gestores.