El gobierno de Inés Rey gasta en una superficie equivalente a un campo de fútbol lo que niega a 37 kilómetros cuadrados de barrios
La reforma de los Cantones de A Coruña se ha convertido en el paradigma de una política urbanística que hipoteca el futuro de la ciudad en una única y costosa intervención, mientras el resto del municipio es abandonado a su suerte. Con una inversión inicial que supera los 8 millones de euros y un riesgo latente de sobrecostes que podría elevar la factura a más de 10 millones, el gobierno de Inés Rey demuestra con cifras que la atención y los recursos se concentran en un espacio que ni siquiera representa el 1 por mil de la superficie total de la ciudad, en contraste con la miseria que se destina al mantenimiento del resto de los 37,83 kilómetros cuadrados que conforman A Coruña.
Un capricho millonario frente a la necesidad cotidiana
Las comparaciones, aunque a menudo odiosas, son en este caso reveladoras de una priorización política insostenible. Según los datos disponibles, el importe de los contratos de mantenimiento de pavimentos y zonas peatonales de la ciudad, divididos en zona norte y zona sur, ascendía a 6 millones de euros. Esta cifra, que ya de por sí resulta exigua para las necesidades de una ciudad de 37.830.000 metros cuadrados, palidece al contrastarla con los 10 millones de euros que podría alcanzar la reforma de los Cantones.
El desequilibrio es de tal magnitud que resulta insultante. Mientras los Cantones, un espacio que apenas supera los 10.000 metros cuadrados de actuación directa, recibe una inversión que podría duplicar la de zonas enteras, los barrios de la ciudad presentan un estado de conservación que, para ser benévolos, es lamentable. Una simple caminata por cualquier barrio periférico revela aceras rotas, mobiliario urbano deteriorado y un abandono generalizado que contrasta de manera brutal con la «reforma de alto standing» de los Cantones. Este gasto desmedido, que busca presumiblemente embellecer el salón de la ciudad, se convierte en un agravio comparativo para los vecinos que a diario transitan por espacios que el gobierno municipal parece haber olvidado.
Los riesgos de un sobrecoste anunciado
La inquietud crece al analizar el marco legal que rige las modificaciones de los contratos públicos. La reforma de los Cantones, según los pliegos, contempla un límite del 20% para las modificaciones previstas, lo que podría añadir 1,6 millones de euros al presupuesto inicial. A esto se suma la figura de los «excesos de mediciones», otro 10% que permitiría incrementar el gasto sin ser considerado técnicamente una modificación del contrato . Pero el verdadero peligro reside en el límite del 50% establecido para las modificaciones «no previstas» por circunstancias sobrevenidas, lo que podría disparar el coste final hasta los 12 millones de euros .
Este escenario, lejos de ser una especulación, es una posibilidad real que la ley contempla y que, dado el historial de este tipo de intervenciones, debe ser vigilada de cerca. Superar el 20% de modificación sobre el precio inicial ya requiere la conformidad del contratista; alcanzar el 50% implicaría un sobrecoste de tal magnitud que pondría en entredicho la viabilidad económica del proyecto y la gestión del gobierno local.
Funcionalidad y estética: una apuesta fallida
El problema no es solo el dinero, sino también el resultado. La nueva ordenación de los Cantones, con la reubicación de la parada de autobuses metropolitanos, está generando problemas de movilidad que ya han sido advertidos y que se traducen en atascos continuos . Esta disfunción, que atenta contra la funcionalidad de la ciudad, convierte la millonaria inversión en un experimento urbanístico que perjudica a los ciudadanos en lugar de beneficiarlos. La apuesta estética, si es que la hay, queda completamente deslucida por las consecuencias prácticas de una intervención que no parece haber sido suficientemente pensada.
Una ciudad de dos velocidades
La reforma de los Cantones es el reflejo de una administración que ha decidido construir un escaparate para la ciudad, descuidando su mantenimiento real. Mientras se invierten millones en unos pocos metros cuadrados, el resto de A Coruña se deteriora, evidenciando una discriminación flagrante en el cuidado y mantenimiento del espacio público. El gobierno de Inés Rey no solo está gestionando mal los recursos públicos, sino que está consolidando una ciudad de dos velocidades, donde el centro renovado convive con unos barrios cada vez más degradados. Esta no es una inversión en la ciudad; es una operación de imagen que desatiende las necesidades más básicas de la mayoría de los coruñeses.