Inés Rey y su cuestionable gestión: ¿Una alcaldesa al margen de la ley?
La trayectoria de Inés Rey al frente del Ayuntamiento de A Coruña está marcada por varias sentencias contrarias hacia el gobierno local, pero destaca una sentencia judicial condenatoria por vulnerar derechos fundamentales, un hecho sin precedentes en la política municipal gallega reciente. Ahora, ante la inminente votación de los presupuestos, resurgen las acusaciones de arbitrariedad y posible prevaricación, poniendo en tela de juicio no solo su forma de gobernar, sino también el compromiso del gobierno con la democracia participativa.
Antecedentes: Una sentencia que dejó huella
En febrero de 2021, durante un pleno extraordinario, la alcaldesa impidió sin justificación legal que Marea Atlántica y el PP debatieran sus enmiendas a unas subvenciones nominativas. La decisión fue tan irregular que incluso vetó la intervención del secretario municipal, quien, según su informe, debía garantizar la legalidad del proceso.
El Juzgado Contencioso-Administrativo nº 4 de A Coruña condenó a Rey en agosto de ese mismo año por violar el artículo 23.2 de la Constitución, que protege el derecho de los representantes políticos a participar en los asuntos públicos. Lo más grave: la alcaldesa no recurrió, asumiendo así la sentencia y su responsabilidad en un hecho que, según el PP, tuvo un claro carácter «dictatorial».
2025: ¿Otra vuelta de tuerca autoritaria?
Ahora, el debate presupuestario amenaza con convertirse en un déjà vu de aquel pleno. El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, ha denunciado que Rey volverá a impedir el debate de las alegaciones, aprobando las cuentas municipales sin discusión y con más que probable apoyo del BNG.
Pero, ¿qué dice la ley?
- El Real Decreto Legislativo 2/2004 (Ley de Haciendas Locales) exige que, una vez presentadas las reclamaciones al presupuesto, el Pleno debe resolverlas en un plazo de un mes.
- La Ley de Bases del Régimen Local (Art. 123) establece que solo el Pleno puede aprobar los presupuestos, sin que esta competencia pueda delegarse.
Si Rey bloquea nuevamente el debate, podría no solo incumpliría la ley, sino que podría hacerlo a sabiendas de que su decisión es contraria a la legalidad, elemento clave para configurar un posible delito de prevaricación administrativa (Art. 404 CP).
Prevaricación: Más que un error, una actitud
No se trata de un simple «fallo técnico». La prevaricación exige dolo, es decir, la conciencia de estar actuando contra la ley. Y aquí hay elementos preocupantes:
- Ya hay una sentencia firme que condena a Rey por vulnerar derechos fundamentales en un pleno.
- Informes jurídicos internos (como el del secretario en 2021) ya advirtieron de la obligación de admitir enmiendas.
- Patrón repetido: Si ahora vuelve a impedir el debate presupuestario, demostraría una voluntad sistemática de eludir el control democrático.
El silencio del BNG: ¿Cómplices o rehenes?
El Bloque Nacionalista Galego, “socio” de gobierno de Rey, apoyó entonces y apoyará o dejara hacer ahora su decisión de cerrar el debate. Pero su papel no es menor: al avalar estas prácticas, se convierten en corresponsables del deterioro institucional. ¿Hasta cuándo mantendrán este apoyo a costa de vaciar de contenido la democracia municipal?
A Coruña no es un cortijo
Una alcaldesa condenada por vulnerar derechos fundamentales, un gobierno que impone en lugar de debatir, y una oposición sistemáticamente silenciada. A Coruña merece instituciones transparentes, donde las mayorías gobiernen respetando, no anulando, a las minorías.
La pregunta es clara: ¿Está Inés Rey por encima de la ley? Los hechos sugieren que ella así lo puede cree.
