Monte Alto y Novo Mesoiro, las únicas que se salvan de la «quema» cuando dará explicaciones el concejal Borrego
La comunidad educativa de las escuelas infantiles municipales de A Coruña ha estallado ante el cambio de modelo que el gobierno local de Inés Rey ha impulsado para estos centros. Un sistema que durante años fue un ejemplo de éxito y que ahora, en opinión de las familias y el profesorado, queda arrinconado al priorizar la rentabilidad económica sobre la calidad pedagógica.
El modelo que hasta ahora funcionaba en la red municipal de escuelas infantiles (0-3 años) se basaba en una gestión externalizada a través de sociedades, que en muchos casos estaban constituidas por educadoras de las propias escuelas. Este sistema garantizaba que la dirección pedagógica y la atención a los niños y niñas y sus familias estuviera en manos de un equipo humano y técnico profundamente conocedor del sector. Un modelo que, además, consiguió que dos escuelas de la ciudad fueran premiadas en su momento por UNICEF.
Pero con la licitación firmada por el concejal de Educación, Juan Ignacio Borrego, el pasado 19 de mayo, este modelo ha quedado en papel mojado. De las ocho escuelas infantiles municipales, solo dos se salvarán de esta «quema»: las de Monte Alto y Novo Mesoiro. Las otras seis (Carricanta, Arela, Os Cativos, Os Rosales, Luis Seoane y Agra do Orzán) serán gestionadas a partir de ahora por tres empresas privadas, en su mayoría multiservicios, lo que ha encendido todas las alarmas entre las ANPAs y el personal.
Empresas sin experiencia educativa
El malestar de las familias no es baladí. Las empresas adjudicatarias, salvo alguna excepción, tienen perfiles que distan mucho del mundo de la educación infantil, lo que siembra dudas sobre la calidad del servicio que se va a prestar .
Enequip Serveis Integrals, SL, es la que más llama la atención. Su objetivo social, según consta en los registros, se centra en la gestión de centros de empleo para trabajadores con discapacidad y, sobre todo, en servicios de limpieza, conservación y mantenimiento de edificios. Su CNAE principal es el 8121 (Limpieza general de edificios). Aunque en su web se presenta como una empresa especializada en la gestión integral de escuelas infantiles, la realidad es que su actividad principal se orienta hacia el mantenimiento y los servicios integrales. Además, es propiedad del grupo CLECE, un gigante del sector de los servicios.
Sararte SL. tampoco parece, a priori, la mejor opción para gestionar una escuela infantil. Su objeto social es la organización de viajes y eventos, el alquiler de medios didácticos y la prestación de servicios a empresas en materia de recursos humanos. Amplió su actividad para incluir servicios de reparación, jardinería, hostelería, conserjería y hasta asesoría jurídica, pero su vinculación con la educación infantil es, como mínimo, tangencial.
La única que podría tener cierta relación con el sector es el Grupo de Atención a Dependientes SL. , cuyo objetivo social incluye los servicios sociales de atención personal, y en su ampliación menciona «la actividad educativa y docente en el nivel de escuela infantil». Aun así, su perfil principal está más vinculado a la atención a la dependencia que a la educación de primera infancia.
Incertidumbre total y primeras movilizaciones
Ante este panorama, las ANPAs de las seis escuelas damnificadas ya han iniciado movilizaciones. Critican la falta de transparencia del proceso y la ausencia de información previa a la adjudicación. «El centro de cualquier escuela infantil deben ser los niños y niñas. Su desarrollo y bienestar no pueden ser moneda de cambio en una subasta empresarial», señalan desde el frente común de familias.
El pliego de cláusulas técnicas, que tiene un valor estimado de más de 13,2 millones de euros, detalla la gestión de 745 plazas, pero deja un vacío normativo que ha encendido todas las alarmas. No recoge ninguna cláusula específica que proteja el proyecto pedagógico o que valore el conocimiento del centro por parte de los equipos docentes.
El profesorado, por su parte, se enfrenta a la peor de las incertidumbres: tras marcharse de vacaciones en agosto (periodo en el que los centros permanecen cerrados), no saben qué pasará a su regreso. Aunque el pliego técnico menciona un anexo con personal a subrogar, no existen garantías claras sobre la continuidad de las condiciones laborales ni sobre la estabilidad de los equipos educativos.
La gran duda: ¿por qué se salvan Monte Alto y Novo Mesoiro?
La decisión de mantener el modelo anterior en solo dos escuelas, las de Monte Alto y Novo Mesoiro, abre un interrogante. ¿Qué criterios se han seguido para que estas dos se salven del cambio? ¿Es una decisión política, una cuestión de pliegos o una simple casualidad?
Las familias de las escuelas afectadas no encuentran una explicación lógica. «Es la renuncia a un modelo exitoso», lamentan. Y la pregunta que todos se hacen es: si el modelo ha funcionado durante años y ha sido reconocido, ¿por qué solo se mantiene en dos centros? ¿Qué hay de especial en Monte Alto y Novo Mesoiro? ¿Se trata de una concesión a la presión vecinal o simplemente de una decisión arbitraria?