Opinión
En el año 2020 con el final del confinamiento estricto provocado por la pandemia del COVID las instituciones públicas diseñaron diferentes medidas para fomentar el consumo y el crecimiento económico, entre las que destacaron el bono turístico de la Xunta y los bonos PRESCO del Ayuntamiento de A Coruña, posteriormente replicado con menos éxito por el equipo de Feijoo.
¿Tenían sentido esas medidas en aquel momento?
En cierto modo sí, la Xunta lo diseñó como un premio al personal sanitario absolutamente exhausto y maltratado por el reto que supuso la pandemia (ojo, frustración acrecentada por los recortes que la propia Consellería lleva décadas acometiendo) y el Concello de A Coruña lo explicó como un plan de urgencia para recuperar el comercio local después de meses cerrado por decreto ley, momento en el que las amazon de turno se quedaron con todo el mercado.
¿Tiene sentido reeditar en 2021 estas políticas?
En sentido económico no, ofrecer la misma cantidad a todo gallego o coruñés es regresivo por caer sobre personas de rentas altas igual que sobre personas de rentas bajas y es ineficaz porque precisamente un estímulo diseñado sólo para personas de menor renta haría crecer en mayor medida el consumo en el comercio local, las personas con una renta menor destinan un mayor porcentaje de su dinero a consumir. Un ejemplo obvio: si el bono turístico se destinase a ese 37% de gallegos que no puede irse de vacaciones sería mucho más eficaz ya que no se estaría subvencionando a personas que ya harían sus vacaciones aunque no recibiesen el bono. A esto se añade que existe una importante bolsa de ahorro (España registra la mayor tasa de ahorro familiar en los últimos 20 años) que se ha acumulado por personas con seguridad económica: pensionistas con pensiones altas y sin cargas familiares, funcionarios, personas con rentas aseguradas… que precisamente están esperando al final de la crisis sanitaria y a cierta certidumbre económica para retomar decisiones de compras importantes. Otro día nos preguntaremos si se llevó a cabo un proceso de evaluación de estos instrumentos en 2020 y si fueron eficaces, parece que ni una cosa ni la otra; sea como fuere parece no ser el momento ni ser el instrumento adecuado.
Más allá de criterios económicos de progresividad, eficacia y eficiencia, merece la pena hacer una reflexión de fondo: en una sociedad en la que una de cada cuatro familias se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, en un momento en el que el inicio del curso escolar se lleva más del 1% de la renta media de las familias gallegas, ¿es momento de café para todos? ¿están nuestras economías para pagarle una semana en un pazo a una directiva de una multinacional o un cambio de look con ida y vuelta en taxi al heredero de diez pisos en la ciudad vieja?
Todo incentivo económico debe de cumplir con dos premisas básicas:
- Debe de cambiar el comportamiento de los consumidores, es decir, las personas a las que se dirige deben de actuar de manera distinta a si no existiese el estímulo.
- Debe cumplir con el principio constitucional de progresividad, es decir, en nuestro sistema económico de bienestar las aportaciones (por medio de los impuestos) se deben de realizar en función de los recursos con los que se cuentan y se debe recibir de las instituciones públicas tanto como se necesite.
