El BNG, una de cal y otra de arena
Operación As Xubias
La Operación As Xubias ha generado un intenso debate en A Coruña y también en su pleno municipal, centrado en la falta de transparencia del convenio firmado entre el Ayuntamiento y el fondo de inversión suizo Ginkgo Advisor para el desarrollo urbanístico de la zona. Tanto el BNG como el PP han criticado duramente este acuerdo, señalando posibles irregularidades y falta de claridad en el proceso, lo que ha unido a ambos partidos en su rechazo a la gestión del gobierno de Inés Rey.
El convenio, defendido por el portavoz municipal José Manuel Lage Tuñas, está envuelto en una importante controversia debido a la ausencia de documentos clave, como los anexos y el acuerdo con la anterior propietaria de los terrenos, informes fundamentales para entender la edificabilidad de la zona y los derechos de los actuales propietarios.
Aunque Lage Tuñas aseguró que el convenio es público en la sede electrónica del ayuntamiento, la falta de estos anexos y la omisión de información relevante ha alimentado aún más las sospechas de especulación y gestión opaca.
La oposición denuncia que el Gobierno local no ha cumplido con los plazos legales para entregar la documentación solicitada, incrementando la desconfianza en torno a la operación. Además, la intervención de Isabel Pardo de Vera en este proceso, sumada a su vinculación con otros proyectos urbanísticos en la ciudad, agrava la situación, ya que su implicación en el «caso Koldo» y las sombras sobre su gestión en Adif generan dudas sobre su papel en este entramado.
El hecho de que el gobierno de Inés Rey no haya aportado respuestas claras a estas preocupaciones, y los intentos de desinformar a los vecinos, según algunas fuentes, han generado un ambiente de desconfianza. La falta de transparencia, los plazos incumplidos y la inconsistencia en la información hacen que esta operación esté bajo lupa pública, y la presión por aclarar todos estos aspectos sigue aumentando.
Pocomaco: una aprobación con presupuesto “aproximado”.
La reciente aprobación de una adenda al convenio de cesión del polígono industrial de Pocomaco por parte del Ayuntamiento de A Coruña sigue generando dudas y críticas sobre la claridad y legalidad del acuerdo. Aunque el pleno municipal aprobó la adenda con el apoyo del BNG, que previamente se había abstenido el pasado mes de mayo por falta de transparencia, persisten interrogantes sobre la definición de un «presupuesto aproximado» que deberán pagar los propietarios de las naves.
Uno de los aspectos más preocupantes es la falta de detalles sobre dos grandes operaciones urbanísticas que este convenio facilitaría y que no han sido mencionadas ni por el PSOE ni por el BNG. Este silencio alimenta la especulación sobre el posible desarrollo urbanístico en la zona, lo que podría afectar a los pequeños empresarios del polígono.
Además, las dudas sobre la legalidad del convenio se centran en el sistema de votación de las comunidades de propietarios, en particular la llamada «doble mayoría”.
¿Qué es la doble mayoría?
La doble mayoría es un sistema de votación en el que para que una propuesta sea aprobada necesita cumplir dos requisitos:
- Tener un mayor porcentaje de votos a favor que en contra.
- Tener más vecinos con derecho a voto a favor que en contra (porque, en ocasiones, hay vecinos con varios votos al disponer de más de un inmueble).
Es un sistema de votación más riguroso que una simple mayoría y se utiliza en decisiones que requieren un mayor nivel de consenso y apoyo de los miembros de la comunidad.Este método está diseñado para proteger a los vecinos de decisiones que podrían ser impuestas por una minoría con mayor poder de voto.
Si, como afirman varios propietarios del polígono, este convenio no ha seguido el procedimiento adecuado para la obtención de la doble mayoría, es probable que termine en los tribunales para acabar siendo anulado. Esto podría retrasar significativamente la integración del polígono de Pocomaco en los viales del Ayuntamiento, contradiciendo las declaraciones del portavoz del Gobierno municipal, José Manuel Lage Tuñas, quien defendió la viabilidad y prontitud de la operación en el pleno.
La ausencia de referencia a los proyectos de terrenos cercanos, como los de Adif, ni a la zona verde calificada como «urbana no consolidada», también levanta sospechas sobre una posible especulación urbanística que podría beneficiar a grandes promotores a expensas de los pequeños empresarios locales. La falta de transparencia y la ausencia de información aumentan la sospecha sobre el objetivo real detrás de la operación: la promoción urbanística en un espacio altamente valorado debido a su ubicación estratégica.
Una gestión económica caótica
La gestión económica del gobierno de Inés Rey ha sido objeto de críticas por su patente falta de previsión y las continuas modificaciones presupuestarias que revelan una administración caótica.
Durante el último pleno se presentaron tres modificaciones de crédito, un expediente de reconocimiento extrajudicial de deudas por aproximadamente 2,3 millones de euros y se informó de la liquidación del presupuesto de 2023. Estas medidas reflejan una gestión financiera improvisada, caracterizada por enmiendas y ajustes constantes.
El Ayuntamiento de A Coruña, siendo el más endeudado de Galicia y responsable de más de un tercio de la deuda total de los 313 municipios gallegos, enfrenta serias dificultades para equilibrar sus cuentas. Un aspecto preocupante es que la documentación relacionada con estas modificaciones sufrió tres cambios desde la comisión informativa hasta el pleno, lo que demuestra una clara falta de planificación.
El BNG, aunque crítico con la gestión económica del gobierno del PSOE, ha desempeñado un papel contradictorio. A pesar de sus reproches, ha apoyado varias medidas económicas del gobierno, lo que permitió al Partido Popular ser especialmente crítico tanto con el PSOE como con el BNG, a quien José Manuel Lage Tuñas se refiere como su socio preferente. Este apoyo fue clave, por ejemplo, en la aprobación de la adenda para el convenio de Pocomaco.
En cuanto a las modificaciones presupuestarias, albergan tanto decisiones positivas como negativas. Por un lado, el incremento de la partida de becas comedor, aprobado por unanimidad tras las denuncias de recortes publicadas en exclusiva por Noticias Coruña, constituye un avance importante. Por otro lado, se revelaron algunos gastos polémicos como los 80.000 euros pendientes de pago por la cena del deporte de 2022, así como un gasto adicional de 100.000 euros en propaganda, lo que ha sido interpretado como una muestra de las prioridades propagandísticas del gobierno local y de la alcaldesa, que ya eran millonarias sin este incremento.
Esta combinación de ajustes presupuestarios, deuda creciente y decisiones financieras opacas ha alimentado la percepción de que el gobierno de Inés Rey está más enfocado en la proyección mediática que en la gestión eficaz de los recursos municipales.
