Oscuros nubarrones se ciernen sobre la Ría do Burgo
Inés Rey, antes de ser alcaldesa de A Coruña, trabajaba como abogada en un despacho de la ciudad. Al asumir el cargo público, la ley vigente establece que debe acogerse a una excedencia forzosa, lo que implica que suspende su actividad profesional debido a la incompatibilidad entre ambas funciones. A diferencia de la excedencia voluntaria, donde la reincorporación puede ser postergada, en la excedencia forzosa la persona tiene obligación de solicitar la reincorporación a su puesto de trabajo en un plazo de 30 días tras poner fin a su cargo público. Esto garantiza un vínculo directo con su empleo anterior.
El despacho de Inés Rey y Fundación Ría
La relación entre el despacho de abogados en el que Inés Rey trabajaba antes de ser alcaldesa de A Coruña y la Fundación Ría, creada por el arquitecto David Chipperfield, ha levantado suspicacias debido a un posible conflicto de interés. Según fuentes solventes, dicho despacho tendría vínculos laborales con la Fundación Ría, lo que alimenta las sospechas en torno a la adjudicación directa del proyecto de rehabilitación de As Xubias a Chipperfield.
Este encargo sin un concurso público ha sido un tema polémico desde el principio, y la posible conexión laboral entre el despacho y la Fundación refuerza las críticas sobre la falta de transparencia en el proceso y el uso de prácticas poco claras en la administración pública. Dado que Chipperfield es el encargado del diseño urbanístico de una de las zonas más atractivas de la ciudad, esta relación podría añadir argumentos a las denuncias de favoritismo en el proyecto de As Xubias.
Este aspecto requeriría una investigación detallada para aclarar si estas relaciones tuvieron algún impacto en la asignación del trabajo o en la toma de decisiones.
El despacho de Inés Rey y Ginkgo
La finca de los antiguos Astilleros Valiña, situada junto a la ría y próxima a la playa de Oza, ha sido objeto de diversos intentos de desarrollo urbanístico desde que fue abandonada en 2005. A lo largo de estos años, se han presentado dos proyectos de construcción de viviendas, ambos truncados debido a decisiones municipales que redujeron la edificabilidad en la zona.
El más reciente intento de desarrollo provino de la empresa Landcompany 2020, perteneciente al Banco Santander, que presentó en noviembre de 2020 un Estudio de Detalle redactado por el arquitecto Ángel Monteoliva Díaz. Sin embargo, el Ayuntamiento de A Coruña rechazó el proyecto, lo que llevó a la empresa a interponer un recurso contencioso-administrativo. La disputa judicial culminó en un acuerdo de conciliación entre ambas partes, facilitando la venta de Landcompany 2020 al grupo Ginkgo, vinculado directamente al polémico proyecto de As Xubias.
El Ayuntamiento ha hecho referencia a este acuerdo en el convenio, pero hasta ahora no ha hecho público el documento clave, lo que ha generado críticas por falta de transparencia. Aunque se desconoce el importe exacto de la operación de venta, se estima que fue significativo, dado que en 2011 los terrenos fueron vendidos por la empresa Isoman a Mesena, una filial de Banesto (posteriormente absorbido por el Banco Santander), por 24 millones de euros.
Otro punto relevante es la posible conexión entre el despacho de abogados donde trabajaba la alcaldesa Inés Rey y el Banco Santander. Según aparece en el perfil de linkdln y nos confirmó un exdirectivo de esta entidad financiera, abogados de ese despacho han prestan servicios a la entidad bancaria, lo que alimenta las sospechas de un posible conflicto de interés, dado el papel del Banco Santander en la operación de venta de los terrenos a Ginkgo. Estas relaciones han generado preocupación sobre la imparcialidad de las decisiones municipales en este y otros proyectos urbanísticos importantes para la ciudad, contexto que aumenta las dudas sobre la influencia de ciertos actores privados y el posible manejo de información privilegiada en torno a la planificación urbanística en A Coruña.
La urbanización del Castrillón
Este proyecto urbanístico, promovido por la alcaldesa Inés Rey en los medios de comunicación a pesar de la fuerte oposición mostrada por la entidad vecinal del barrio, se caracteriza por la construcción de varios edificios de hasta 17 plantas, un desarrollo que ha generado una considerable polémica. La principal crítica de los vecinos radica en el impacto que estas edificaciones de gran altura tendrían en el entorno, tanto por su escala como por las posibles consecuencias en términos de infraestructura y calidad de vida en la zona.
Uno de los aspectos más preocupantes del proyecto es el vínculo con el Banco Santander, que, a través de otra empresa, es propietario de una parte importante de los terrenos donde se planea construir. Esta relación refuerza las sospechas sobre el papel de grandes entidades financieras en el desarrollo urbano de A Coruña y su influencia en las decisiones municipales.
Además, una de las cuestiones más controvertidas es que los propietarios de los terrenos no están obligados a destinar una parte de la construcción a viviendas de protección oficial. Esto significa que el proyecto no incluye medidas para garantizar el acceso a viviendas asequibles, lo que contradice las políticas de urbanismo inclusivo que suelen estar presentes en este tipo de desarrollos. La ausencia de viviendas de protección ha sido un punto crítico en las quejas vecinales, ya que consideran que se trata de una operación especulativa que no beneficia al conjunto de la comunidad.
Este proyecto se suma a otros en los que la alcaldesa ha defendido el desarrollo inmobiliario en la ciudad, lo que ha generado una creciente desconfianza entre los ciudadanos sobre las prioridades de la administración local y su posible conexión con intereses empresariales.
Una conexión que sería oportuno aclarar.
