El seguimiento de contratos y concesiones en el Ayuntamiento de A Coruña

Noticias Coruña publicará información sobre las irregularidades detectadas

La falta de seguimiento adecuado de los contratos y concesiones municipales es un problema serio que puede tener un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos, además de abrir la puerta a ineficiencias, posibles irregularidades y pérdida de confianza en la gestión pública. Las denuncias llegadas a la redacción de Noticias Coruña sobre esta situación en el Gobierno local liderado por Inés Rey pone de manifiesto un punto clave: la supervisión es una obligación ineludible para cualquier administración.

El seguimiento de contratos y concesiones es un deber fundamental que implica:

• Verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas.
• Fiscalizar la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos.
• Garantizar la correcta aplicación de los recursos públicos.
• Documentar y resolver incidencias, aplicando sanciones si procede.

La recogida de basura, uno de los contratos más significativos por su impacto económico y social, es solo un ejemplo. Que el gobierno reconozca no haber supervisado adecuadamente este servicio demuestra una falta de control que puede extenderse a otros contratos clave.

Denuncias y estado de abandono

La investigación periodística realizada tras recibir diversas denuncias apunta a un problema más amplio y estructural en la gestión de contratos y concesiones en el municipio. Algunos aspectos preocupantes incluyen:

• Falta de inspecciones regulares, lo que facilita incumplimientos en calidad y plazos.
• Desinterés o posibles intereses ocultos en contratos y concesiones estratégicos.
• Impacto en los contribuyentes, quienes financian estos servicios y sufren las consecuencias de una mala gestión.

Posibles implicaciones

1. Consecuencias económicas: el incumplimiento de las obligaciones de supervisión puede derivar en pagos indebidos, sobrecostes o incluso reequilibrios financieros injustificados a favor de concesionarios.
2. Deterioro de los servicios públicos: la calidad de servicios esenciales, como la recogida de basura, transporte público o mantenimiento urbano, puede verse gravemente afectada.
3. Falta de transparencia: la ausencia de controles rigurosos genera desconfianza y alimenta sospechas de irregularidades o favoritismos.
4. Responsabilidad jurídica: si los ciudadanos afectados presentan denuncias, la administración podría enfrentarse a reclamaciones o procesos legales.

Recordatorio de responsabilidades

Es importante subrayar que los contratos y concesiones municipales son financiados por los ciudadanos. El Gobierno local tiene la responsabilidad legal y ética de velar por que cada euro público se utilice de manera eficiente y en beneficio del interés general.

La supervisión de contratos no solo es una tarea técnica, sino un elemento clave de la buena gobernanza, que requiere planificación, recursos humanos capacitados y un compromiso político firme.

La investigación realizada por Noticias Coruña será publicada para cada uno de los contratos y concesiones en los que observemos anomalías, animando al Gobierno local a que adopte las medidas necesarias y cumpla con sus obligaciones. Esto contribuiría a una gestión más transparente y eficiente.

Las obligaciones del Gobierno local en los contratos

El control y seguimiento del cumplimiento de los contratos por parte de la administración local están regulados principalmente por la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP) en España. Las administraciones locales tienen varias obligaciones relacionadas con la supervisión de los contratos para garantizar su correcta ejecución, eficiencia y transparencia. Aquí se detallan las principales:

1. Designación del responsable del contrato

• Artículo 62 LCSP: Para cada contrato, la administración debe designar un responsable del contrato, que será el encargado de supervisar la correcta ejecución del mismo.
• El responsable del contrato puede ser una persona física o jurídica, y sus funciones incluyen:
  • Controlar la calidad de los servicios, suministros u obras.
  • Supervisar los plazos y condiciones establecidos.
  • Gestionar incidencias durante la ejecución.

2. Supervisión del cumplimiento

• Asegurar que el contratista cumpla con las condiciones técnicas, económicas y administrativas previstas en el contrato.
• Verificar que los trabajos o servicios prestados se ajustan a los términos del contrato y a las normas de calidad aplicables.

3. Seguimiento de plazos

• Supervisar que se respeten los plazos establecidos en el contrato y gestionar las posibles ampliaciones o prórrogas justificadas, conforme a lo dispuesto en la LCSP.

4. Control financiero

• Verificar que los pagos realizados se correspondan con los servicios, obras o suministros efectivamente prestados y certificados.
• Evitar pagos indebidos y supervisar la correcta aplicación de revisiones de precios, si las hubiera.

5. Gestión de modificaciones del contrato

• Controlar que las modificaciones de los contratos sean acordes con las causas previstas en la legislación y estén debidamente justificadas.

6. Resolución de incidencias

• Documentar y resolver incidencias relacionadas con el incumplimiento de plazos, calidad u otros aspectos contractuales.
• Aplicar penalidades o resolver el contrato si el contratista incumple de forma grave.

7. Revisión de garantías

• Controlar las garantías prestadas por el contratista (garantías definitivas o provisionales) para responder ante posibles incumplimientos o daños.

8. Cumplimiento normativo

• Velar por el cumplimiento de la legislación laboral, fiscal y medioambiental asociada al contrato, cuando corresponda.
• Supervisar que los subcontratistas cumplan también con las condiciones impuestas por la normativa.

9. Auditoría y transparencia

• La administración local debe garantizar la trazabilidad de todas las actuaciones relacionadas con el contrato.
• Publicar información relevante sobre el cumplimiento del contrato en el perfil del contratante o en la plataforma de contratación correspondiente.

10. Informes periódicos

• Elaborar informes periódicos sobre la ejecución del contrato, especialmente en contratos de larga duración o aquellos de relevancia estratégica.

Si la administración local no cumple con estas obligaciones, puede enfrentar:

• Responsabilidades legales o patrimoniales si no se garantiza la correcta ejecución del contrato.
• Auditorías o investigaciones por parte de órganos de control (intervención municipal, Tribunal de Cuentas, entre otros).
• Nulidad de actuaciones o impugnaciones por parte de los contratistas o terceros interesados.

El seguimiento adecuado de los contratos es clave para evitar irregularidades, ineficiencias y conflictos legales, y para garantizar que se cumplen los principios de transparencia, igualdad y eficiencia en la contratación pública.

Las obligaciones del Gobierno local en las concesiones municipales

El control y seguimiento de las concesiones municipales es una obligación de la administración local para garantizar que los concesionarios cumplen con las condiciones establecidas en los contratos y para proteger el interés público. Este control se basa principalmente en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP) y otras normativas locales y sectoriales. Aquí detallamos las principales obligaciones de la administración local respecto al seguimiento de concesiones:

1. Supervisión de la ejecución

• Verificar el cumplimiento del contrato: La administración local debe asegurarse de que el concesionario cumple con las obligaciones establecidas en el contrato, tanto en términos de servicios prestados como de mantenimiento de las infraestructuras.
• Controlar que las condiciones técnicas, operativas y de calidad acordadas se cumplen de manera continuada.

2. Designación de un responsable del contrato

• Según el artículo 62 de la LCSP, debe nombrarse un responsable del contrato o equipo que supervise las actividades del concesionario. Este responsable actúa como enlace entre la administración y el concesionario y lleva un control exhaustivo del cumplimiento.

3. Fiscalización económica

• Supervisión financiera: Verificar que los ingresos y gastos del concesionario son acordes con las condiciones del contrato y, en su caso, con los pliegos de licitación.
• Asegurar que se apliquen correctamente las tarifas o precios públicos aprobados para los usuarios.
• Revisar que se realicen las inversiones previstas en el contrato por parte del concesionario.

4. Control de la calidad del servicio

• Realizar inspecciones regulares para comprobar que el servicio prestado cumple con los estándares de calidad establecidos.
• Gestionar las quejas y reclamaciones de los usuarios y exigir al concesionario que las resuelva de manera adecuada.

5. Revisión de modificaciones y ampliaciones

• Supervisar cualquier modificación contractual (económica, técnica o de plazos), garantizando que se ajusta a las causas previstas en la legislación y está debidamente justificada.
• Controlar las posibles prórrogas del contrato, verificando su legalidad y necesidad.

6. Vigilancia del cumplimiento normativo

• Asegurar que el concesionario cumple con todas las normas laborales, fiscales, medioambientales y de seguridad, y con cualquier otra normativa sectorial aplicable.
• Controlar el cumplimiento de las obligaciones sociales (como el empleo local o la responsabilidad social corporativa), si están contempladas en el contrato.

7. Gestión de incidencias

• Documentar y resolver incidencias relacionadas con el servicio, asegurándose de que se toman medidas correctivas por parte del concesionario.
• Aplicar sanciones o penalidades en caso de incumplimientos, conforme a lo establecido en el contrato.

8. Auditorías y transparencia

• Realizar auditorías periódicas de la gestión de la concesión para detectar posibles irregularidades o desviaciones.
• Publicar información relevante sobre la concesión (pliegos, adjudicación, resultados de inspecciones, penalizaciones, etc.) en el perfil del contratante o en portales de transparencia.

9. Control del reequilibrio económico-financiero

• Evaluar y, en su caso, aprobar las solicitudes del concesionario para el reequilibrio económico-financiero cuando existan cambios significativos en las condiciones del contrato (por ejemplo, incrementos en los costos de prestación del servicio o descensos en los ingresos esperados).
• Asegurarse de que las compensaciones económicas o extensiones del contrato estén justificadas.

10. Extinción del contrato y reversión

• Planificar y supervisar el proceso de reversión de las infraestructuras y bienes afectados por la concesión al término del contrato, garantizando que se encuentren en las condiciones acordadas.
• Comprobar que los bienes objeto de reversión cumplen con los estándares de calidad y mantenimiento establecidos.

11. Atención a los usuarios

• Asegurar que el concesionario establece mecanismos eficaces para atender las necesidades y reclamaciones de los usuarios.
• Verificar que el servicio se presta con equidad y sin discriminación entre los usuarios.

12. Penalizaciones e Incumplimientos

• Imponer penalidades por incumplimientos de las condiciones contractuales, como deficiencias en el servicio, retrasos en las inversiones o faltas de mantenimiento.
• Rescindir el contrato en caso de incumplimientos graves, conforme a lo establecido en la LCSP y en el contrato.

Consecuencias del incumplimiento por la administración

Si la administración local no cumple con sus obligaciones de supervisión, puede incurrir en:

• Responsabilidad patrimonial por los daños sufridos por terceros o por el concesionario.
• Pérdida del control sobre el servicio, lo que podría generar perjuicio al interés público.
• Sanciones o medidas correctivas por parte de órganos de control (Tribunal de Cuentas, órganos de fiscalización externa, etc.).

Un adecuado control y seguimiento de las concesiones municipales es clave para garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos y el uso responsable de los recursos.