El verano de la ‘trampa fiscal’: El Ayuntamiento esconde subidas mientras la ciudad duerme
El gobierno local de A Coruña, liderado por el PSOE con el apoyo del BNG, ha aprovechado el período estival —cuando la atención ciudadana está en modo pausa— para aprobar una batería de subidas impositivas y nuevas tasas que afectarán a vecinos, visitantes y, especialmente, a los municipios del área metropolitana. Mientras otras grandes ciudades trabajan en modelos colaborativos, A Coruña opta por la imposición unilateral, fracturando aún más una comarca ya de por sí huérfana de coordinación.
Tasas veraniegas: la estrategia del silencio
Julio y agosto se han convertido en los meses preferidos del equipo de Inés Rey para colar aumentos fiscales con el mínimo ruido. En el último pleno antes de las vacaciones, se aprobaron dos medidas polémicas:
- Una tasa turística que, en realidad, funciona como un impuesto al alojamiento sin distinción entre turistas, pacientes hospitalarios o trabajadores temporales. La excepción: los cruceristas, que no pagarán. ¿El motivo? Más que equilibrar el impacto turístico, parece un intento de recaudación fácil.
- Un incremento de hasta el 300% en la tasa de residuos, justificado por la directiva europea de autofinanciación. Sin embargo, el cálculo parte de contratos caducados o anulados judicialmente, y se suma la condonación de 8 millones a la empresa gestora de Nostián. ¿Mala gestión pagada por los contribuyentes?
La guerra de las tasas metropolitanas: el «efecto Trump» de A Coruña
Pero el movimiento más agresivo llegó en julio con la modificación de la ordenanza fiscal nº7, que grava el uso del alcantarillado coruñés por parte de otros municipios. Los afectados:
- Culleredo y Cambre, cuyas aguas residuales y pluviales pasan por la red de A Coruña hacia la depuradora de Bens, deberán pagar un nuevo canon.
- Oleiros y Arteixo, aunque en menor medida, también sufrirán el impacto.
El origen de esta tasa es claro: una sentencia del TSXG obligó a A Coruña a indemnizar a la concesionaria de aguas de Culleredo. En lugar de negociar una solución comarcal, el gobierno de Inés Rey ha optado por trasladar el coste a los vecinos y ayuntamientos limítrofes, en una estrategia que recuerda a los aranceles unilaterales de Donald Trump.
Lo paradójico es que Bens, la planta receptora de esas aguas, lleva meses operando sin trabajadores dados de alta, según fuentes internas. Una irregularidad que cuestiona la legitimidad misma del impuesto.
Riesgo de guerra fiscal metropolitana
El movimiento del Ayuntamiento de A Coruña no solo es lesivo para la cohesión comarcal, sino que podría desatar un efecto dominó. Culleredo y Cambre son los municipios por donde circula el agua que abastece a la ciudad. Si estos decidieran replicar la política de «tasas revanchistas», A Coruña podría encontrarse con facturas inesperadas.
Mientras, la falta de un marco legal metropolitano convierte cada conflicto en una pulseada entre ayuntamientos, con el ciudadano como rehén.
A Coruña, lejos del liderazgo metropolitano
Barcelona, Valencia o Bilbao avanzan en gobernanza compartida para optimizar servicios y atraer inversiones. A Coruña, en cambio, apuesta por el aislamiento fiscal. La tasa de alcantarillado es solo el último ejemplo de una política que prioriza la recaudación cortoplacista sobre el diálogo.
El resultado es un área metropolitana más fragmentada y desconfiada, donde proyectos clave —transporte, residuos, vivienda— quedan bloqueados por rencillas políticas. Si A Coruña quiere ser verdaderamente capital, debe dejar atrás la táctica de los «impuestos sorpresa» y trabajar con sus vecinos.
De momento, su único liderazgo es el de subir tasas mientras nadie mira.
