Crece la polémica en torno al documento clave de la Operación As Xubias
El pasado 30 de julio Inés Rey firmó un convenio con una sociedad limitada vinculada al fondo inversor Ginkgo, con sede en Luxemburgo, para el desarrollo urbanístico de As Xubias.
En dicho convenio se hacía referencia a un acuerdo de conciliación con la antigua propietaria de la parcela de Astilleros Valiña (una empresa del Banco Santander), acuerdo que parecía haber suspendido el litigio que se estaba tramitando en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
La anulación del proceso judicial mediante un acuerdo de conciliación podría haber supuestola agilización del proyecto evitando una prolongación del conflicto legal.
Pero este documento clave nunca fue publicado ni puesto a disposición de las partes implicadas.
La falta de transparencia denunciada por Noticias Coruña, los partidos de la oposición, asociaciones y vecinos afectados, acrecentaba las sospechas en torno a una operación urbanística de enorme envergadura.
Para desconcierto de todos, Inés Rey firmaba un documento el 27 de septiembre en el que niega la existencia del acuerdo de conciliación que ella misma había mencionado en el convenio firmado en julio.
Este es el texto en cuestión que puede consultarse en: https://servicios01.coruna.gal/valida/
Código de documento: 5N4O 1I1J 3K6Z 3227 0A14
Es probable que este cambio de postura de la alcaldesa responda a una estrategia defensiva ante la creciente presión social y política, o a problemas internos en la gestión del caso. Sea como fuere, no es compatible que un documento que se utilizó como base para un acuerdo legal simplemente “no exista” semanas después.
¿Existe o no existe ese documento?
La existencia del documento de conciliación, la posible manipulación de su contenido o la negación por parte de Inés Rey genera muchas dudas y, ciertamente, dibuja un escenario complejo tanto a nivel político como legal.
Existen dos posibilidades en cuanto a la existencia de este documento:
- Si el documento de conciliación realmente existe:
En este caso, la negativa a reconocer su existencia podría estar motivada por la intención de ocultar información comprometedora o desfavorable para el Gobierno local, los vecinos o el proyecto de urbanización. Este escenario sugeriría que el gobierno podría estar eludiendo su responsabilidad de transparencia para evitar críticas o repercusiones legales que podrían surgir del contenido del documento. Al mismo tiempo, permitiría que se promoviera públicamente un proyecto de regeneración del barrio que podría no estar alineado con los intereses de los residentes, sino con los del fondo inversor Ginkgo.
- Si el documento no existe realmente:
De ser cierto que el documento no existe y simplemente fue mencionado como parte del convenio sin fundamento real, nos encontramos ante un acto extremadamente grave. Esto podría indicar que el Gobierno local utilizó este convenio como una estrategia de comunicación política, tal vez con el objetivo de obtener publicidad y crear un relato positivo sin que existiera un plan concreto. Un convenio basado en un documento inexistente podría no tener validez legal, ya que un contrato que se basa en información falsa o errónea puede ser considerado nulo. En este caso, estaríamos ante una situación de potencial fraude o negligencia política.
Lo que resulta indudable es que firmar documentos que se contradicen o negar la existencia de un acuerdo previo en base al que se firmó un convenio pone en tela de juicio la actuación del gobierno y, en particular, la responsabilidad personal de la alcaldesa. Inés Rey no solo está afrontando críticas por parte de la ciudadanía y la oposición, sino que también podría estar en una posición legalmente comprometida si se demuestra que ha actuado con mala fe o negligencia en la firma de estos documentos.
El hecho de que la oposición haya pedido la retirada del convenio en el pleno de septiembre y que incluso haya sido aprobado por unanimidad, refleja la magnitud del caso. La negativa del portavoz Lage Tuñas a retirar el convenio al argumentar que ya estaba firmado es comprensible desde un punto de vista formal, pero si el convenio contiene errores graves o está basado en un documento inexistente, como sugiere el nuevo escenario, se abre la puerta a su posible nulidad legal.
Finalmente, es esencial que Inés Rey ofrezca una explicación detallada y clara sobre estas contradicciones. Si no lo hace, las implicaciones políticas y legales podrían intensificarse, y el Gobierno local podría enfrentarse a un daño mayor en términos de confianza pública y responsabilidad jurídica. Además, la contradicción de firmar documentos que se autocensuran a sí mismos refleja una falta de coherencia y seriedad en la gestión administrativa que exige una urgente rectificación y esclarecimiento.
Dos convenios con anormalidades.
Este no es el único convenio que genera dudas. El pasado 30 de septiembre ya publicamos que en el convenio de Pocomaco también existen contradicciones entre lo firmado y la documentación incluida en el expediente.