El fichaje estrella de Inés Rey critica al ministro Óscar Puente
Michaux Miranda, exdirector general de Gestión de Personas de Adif, declaró ante la Audiencia Nacional en relación al`caso Koldo´, defendiendo la adjudicación de un contrato de mascarillas por 12,5 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión.
Según Miranda, fue Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de Adif, quien le facilitó el nombre y contacto de esta empresa. La adjudicación fue aprobada por el Consejo de Administración de Adif, según el testimonio de Miranda, ya que el proceso fue fiscalizado por el Tribunal de Cuentas y la Intervención General del Estado (IGAE).
Además, Miranda destacó que Soluciones de Gestión cumplió con el contrato, entregando cinco millones de mascarillas en un mes, y que la empresa ya había trabajado con Puertos del Estado, lo que le proporcionaba mayor garantía.
Durante su testimonio, Miranda mencionó que mantuvo tres llamadas telefónicas con Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes, después de la adjudicación del contrato para coordinar la logística de los vuelos de la mercancía. También criticó la auditoría ordenada por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, calificándola de «despropósito», un comentario similar al que utilizó Pardo de Vera en su declaración.
Por otro lado, el Gobierno local de Inés Rey sigue sin hacer públicos los contratos que fueron tramitados por vía de emergencia durante la pandemia, lo que ha generado preocupación y críticas en algunos sectores.
Estos contratos, como el que involucra a la empresa Soluciones de Gestión en el `caso Koldo´, están siendo objeto de investigación debido a posibles irregularidades, especialmente en lo que respecta a las adjudicaciones de compra de mascarillas y otros suministros críticos en situaciones de emergencia.
La falta de transparencia en la publicación de estos contratos ha intensificado el escrutinio sobre cómo se gestionaron los fondos públicos durante la crisis sanitaria. Esto, sumado a las auditorías en marcha y las investigaciones judiciales, apunta a la necesidad de aclarar si se siguieron los procedimientos adecuados en la adjudicación de contratos millonarios y si existió alguna posible malversación o abuso en estas decisiones.
En el contexto actual, la divulgación de estos contratos se considera clave para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas, ya que muchos de ellos se ejecutaron en condiciones excepcionales, bajo presión, y sin los controles habituales.
