El sindicato CIG ha instado a la Alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, a cesar de inmediato al concejal de Educación y Empleo, Juan Ignacio Borrego.
La organización sindical acusa a Borrego de actuar como representante de la patronal del doblaje en la negociación del convenio colectivo, mientras ostenta un puesto de dedicación exclusiva como concejal. Además, se le acusa de remunerar a sus empleados por debajo de lo establecido en el convenio sectorial.
Las Acusaciones de la CIG
Adolfo Naya, secretario de negociación colectiva del CIG, indicó que, apenas el pasado martes, Borrego participó en una reunión como representante de la Asociación Española de Empresas de Doblaje (AEDOG). Según Naya, Borrego y las empresas del sector pretenden reducir los ya escasos derechos de los trabajadores, quienes no han visto una actualización de sus salarios desde 2006. Esta situación, alega Naya, es particularmente problemática dado que Borrego, en su rol de concejal de empleo, debería estar abogando por los derechos de los trabajadores y no incumpliendo los términos del convenio.
Nuevo Desliz del Concejal
La polémica en torno a Juan Ignacio Borrego se agrava con un incidente ocurrido a finales de año durante la clausura del programa “Propulsa”, organizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios de A Coruña. En dicho evento, que contó con la colaboración del Concello, Borrego aprovechó su turno de palabra para promocionar su empresa, Babalú Studios SL, donde ejerce como administrador único. Este acto de autopromoción en un evento público causó perplejidad entre los asistentes, quienes consideraron la acción como poco ética y un claro ejemplo de conflicto de intereses.
Conflicto de Intereses
El CIG ha subrayado el conflicto de intereses en el que Borrego está inmerso, dado que ocupa simultáneamente un cargo público de alta responsabilidad y un rol representativo en la patronal del doblaje. Según el sindicato, esta dualidad es inaceptable y compromete su capacidad para defender los intereses de los trabajadores del sector.
Declaraciones de la CIG
Adolfo Naya criticó duramente la situación: «Es inaudito que un concejal de empleo, cuya responsabilidad debería ser la protección de los derechos laborales, actúe como representante de una patronal que no ha actualizado los salarios de sus trabajadores en casi 20 años. Esta situación es una flagrante contradicción y una falta de respeto hacia los empleados del sector.»
Reacciones y Consecuencias
La petición de cese del CIG podría desencadenar un debate sobre la idoneidad de compatibilizar cargos públicos con responsabilidades en el sector privado, especialmente cuando se trata de la defensa de derechos laborales. La comunidad política y sindical de A Coruña seguirá de cerca los desarrollos de este caso, esperando una resolución que mantenga la integridad de la administración pública.
