La alcaldesa firmó un pacto secreto de 12 puntos con el presidente del Deportivo, retiró la candidatura al Mundial 2030 y, a cambio, entregó el estadio municipal a una empresa privada que factura millonarios beneficios sin pagar un euro por usar lo que es de todos y otros puntos que ocultan
Una Operación que Huele a Opacidad
La crisis del Real Club Deportivo de La Coruña ha servido de excusa perfecta para una operación empresarial que, bajo el manto de la «viabilidad», está transformando un bien común en un activo al servicio de intereses privados. La alcaldesa Inés Rey, que debería ser la principal garante del patrimonio de todos los coruñeses, parece haberse convertido en la gestora de los intereses de una entidad bancaria que ve en el club un negocio, no un sentimiento.
El reciente episodio de la retirada de la candidatura de A Coruña como sede del Mundial 2030 marca un antes y un después. Un cambio de postura que no fue casual, sino el resultado de un pacto que, curiosamente, la alcaldesa se niega a hacer público. ¿Qué contiene ese acuerdo de 12 puntos que firmó escoltada por el presidente del club y el de la Diputación Provincial? ¿Por qué tanta opacidad en un asunto que afecta a todos los ciudadanos?
El Deportivo como Empresa, pero con Recursos Públicos
Es legítimo que el Deportivo, como sociedad anónima, busque la rentabilidad. Es su derecho y, probablemente, su obligación con sus accionistas. Sin embargo, lo que resulta profundamente cuestionable es que esta búsqueda de beneficio se realice a costa de los recursos públicos, mientras se mantiene un discurso de «necesidad» y «supervivencia».
La situación es clara: el club utiliza instalaciones municipales -Riazor- como si fueran propias, alquila locales municipales obteniendo ingresos directos, pero no paga un euro por el uso de un espacio que es de todos los coruñeses. Las obras de la Torre de Marathón, que deberían formar parte del patrimonio de la ciudad, quedan al margen de los convenios. Y el abandono de zonas como los baños de Riazor es la imagen más gráfica de una gestión que prioriza la cuenta de resultados sobre el servicio público.
Esta es la doble explotación: los aficionados pagan el abono y, además, con sus impuestos mantienen unas instalaciones que generan ingresos millonarios a una empresa privada. Un negocio redondo… para unos pocos.
El Silencio Cómplice de Inés Rey
La alcaldesa pasó de defender con uñas y dientes la candidatura mundialista, en clara confrontación con Escotet, a comparecer en rueda de prensa arropada por el presidente del Deportivo y el de la Diputación. ¿Qué ocurrió en ese intervalo? ¿Qué concesiones se hicieron? ¿Qué líneas rojas se traspasaron?
El «acuerdo de 12 puntos» sigue siendo un misterio para la ciudadanía. Y no es un detalle menor. Si Inés Rey ha cedido competencias que requieren aprobación plenaria, estaríamos ante un caso de falta de transparencia y, posiblemente, de ilegalidad. No sería la primera vez que un alcalde firma convenios que el pleno acaba tumbando por exceder sus competencias.
Pero incluso sin conocer el contenido de ese acuerdo oculto, el convenio ya vigente concede demasiadas ventajas a una entidad que, mientras se enfrenta a la afición y amenaza con castigar la (ejerciendo su derecho, pero con una falta total de sensibilidad), sigue utilizando el patrimonio de todos como si fuera suyo.
La Patronal del Deportivo: Gestión Privada, Beneficio Público
La dirección empresarial del Deportivo ha dejado claro que gestiona el club como una sociedad anónima tradicional. Y en eso tienen toda la razón: es su modelo. Pero lo que no puede tener lógica es que ese modelo se sustente en un uso privilegiado de recursos públicos que deberían revertir en toda la ciudad.
La afición, que es el principal cliente del club, paga dos veces: una a través de su abono y otra a través de sus impuestos. Y mientras, la entidad privada que preside Escotet sigue obteniendo beneficios a costa de un estadio que debería ser de todos, pero que se va deteriorando en sus servicios básicos.
Transparencia Ya
Inés Rey debe hacer público el acuerdo de 12 puntos. Los coruñeses tenemos derecho a saber qué se ha negociado, qué se ha cedido y qué se ha perdido en el camino hacia una candidatura mundialista que ya no existe. Es la mínima exigencia democrática.
Si la alcaldesa quiere defender «los intereses de los coruñeses», como dice, debería empezar por ser transparente. Y si el Deportivo quiere gestionarse como una empresa, que pague por el uso de un estadio municipal que, por cierto, necesita reformas urgentes que siguen sin llegar.
La ciudad no puede permitirse ser rehén de una operación empresarial que se nutre de lo público mientras se gestiona como lo privado. O el patrimonio es de todos, o es de unos pocos. Inés Rey tiene que decidir de qué lado está. Y, sobre todo, tiene que explicarlo.