Denuncias de los vecinos y presencia de la policía local. OPERACIÓN CAMBIO DE USO
En los dos artículos anteriores de esta semana hemos explicado los detalles de la compra de un local comercial por parte del concejal José Manuel Lage Tuñas, con la intención de convertirlo en dos viviendas. Junto a la escritura, se incorporó un informe firmado por el arquitecto con número de colegiado 597 en el Colegio Oficial de Abogados de Galicia y membrete de una empresa de Lugo. Un peculiar informe en el que se manifestaba que, según su criterio, ese local estaba dedicado a vivienda desde 2014, una cuestión desmentida por los vecinos. Posteriormente fue registrado en el catastro como dos viviendas y en el registro de la propiedad como una sola. Pero donde necesita autorización de cambio de uso, en el Ayuntamiento de A Coruña, sigue como uso comercial.
Destaca en este auténtico culebrón que dos empresas presentan “comunicación previa” para realizar un cambio de uso, lo cual constituiría una completa alegalidad al no estar entre los supuestos publicados en la web del ayuntamiento.
La última de las empresas, después de requerir la retirada de esa solicitud, presenta una licencia para cambio de uso, pero sin proyecto. Se le exige, como marca la legislación, que lo aporte en diez días. Pide una ampliación por un periodo de un mes, la cual se le concede el 1 de diciembre de 2023, pero se incorpora al expediente 18 días después de vencer el plazo prorrogado.
Como anécdota de improvisación del proyecto, en uno de sus capítulos hace referencia a otro local con otra dirección distinta. Una peripecia al más puro estilo Pepe Gotera y Otilio.
Todo esto mientras existe una orden de paralización de la obra desde octubre de 2023, pero según testimonio de los vecinos, el máximo responsable de urbanismo de A Coruña, se la saltó.
Los vecinos denuncian las obras sin permiso que afectan a la fachada, siendo ésta un bien de la comunidad.
Uno de los vecinos del edificio solicita por registro “intervención de inspección urbanística” porque se están realizando obras en el primer piso de ese inmueble e incluso se llegó perforar la fachada del edificio.
Esta comunicación/denuncia del vecino tiene lugar el 16 de enero de 2023, y en ella asegura que la reforma no tiene licencia de obra. Cuestión más que evidente, ya que el proyecto de obra que se le solicitó en el expediente 621/2023/1058 fue firmado electrónicamente el 18 de enero, fuera del plazo prorrogado.
Dicho escrito denuncia que estas obras presentan una irregularidad manifiesta contra la propiedad comunal al hacer agujeros en la fachada y sacar cables, al igual que en la parte delantera del edificio que da a la avenida de Oza, donde se realizaron pequeños agujeros.
Destaca el vecino que el propietario del piso no pidió permiso a la comunidad vecinal, algo imprescindible según el artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal.
Afirma que las obras incumplen el artículo 7.1 y 9 de la Ley de Propiedad Horizontal, y que el artículo 16 de dicha Ley, señala que la fachada es un bien común esencial de la propiedad horizontal y de dominio inalienable e indivisible.
El vecino demandante solicita:
- Que se reparen los daños.
- Que se adopten las medidas en la normativa de obras.
- Que se realicen a la mayor brevedad.
- En la misma solicitud pide acceso a los expedientes de esas obras.
Todo esto ocurre con una orden de paralización de obra en vigor.
Posteriormente, el vecino solicita como parte colindante e interesada, conocer la existencia de apertura de expediente de disciplina urbanístico por la obra que se está realizando, y poder acceder presencialmente al mismo.
Tras otra denuncia, se persona la policía local. Otro vecino del mismo inmueble hace una llamada a la policía local requiriendo una inspección de obra. Ésta tiene lugar el 27 de enero de 2024, cuando todavía estaba en vigor la orden de paralización de obra, al carecer esta reforma de licencia de cambio de uso.
El informe de la policía local recoge datos interesantes:
Los policías que se desplazan al lugar observan cómo se están realizando obras en el primero izquierda y primero derecha del inmueble situado en avenida del Ejército número 96. Debemos recordar la orden de paralización de obra y la carencia de licencia.
Hablan con uno de los responsables de la empresa que realiza la obra, el cual manifiesta que tienen permiso de obra, pero no autoriza a los policías locales a entrar para realizar una inspección ocular. Desde el exterior del pasillo los policías locales observan que se está reformando por completo la vivienda y los operarios están realizando divisiones con planchas de pladur.
Otro punto a destacar por la policía local es que no consta el pago correspondiente de la tasa fiscal ni del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), asunto que se propone trasladar a la Sección de Inspección Tributaria por impago de tasas. Esta sección depende del mismo concejal que urbanismo y hacienda, Lage Tuñas.
Se refleja en el informe que la competencia para resolver este expediente le corresponde al concejal de Economía y Planificación Urbana, por delegación de competencias publicadas en el BOP del 11/07/2023. Dado que ese concejal y el propietario son la misma persona, es más que probable que exista un conflicto de intereses.
Del informe de la policía local se propone que se paralice la obra, orden que ya debería ser efectiva desde octubre.
El responsable de la sección tributaria, de disciplina urbanística y emisión de licencias es el concejal Lage Tuñas. Las obras que se realizan en la avenida del ejercito numero 96, según los informes consultados, incumplen las normas de los departamentos de Hacienda y Urbanismo. El propietario de este local comercial es la misma persona, José Manuel Lage Tuñas.
Mientras tanto, Inés Rey guarda silencio. Un silencio cómplice.
Continuará……
