Ocho meses en un cajón y tres días para archivar: el PSOE y su particular velocidad de la luz contra el acoso
La denuncia de las exconcejalas coruñesas contra Inés Rey y Lage Tuñas estuvo congelada en Ferraz hasta que, al llegar a la ejecutiva provincial, se resolvió en tiempo récord. Las grabaciones de las denunciantes no sirvieron; los WhatsApp de la alcaldesa, sí
El archivo de la denuncia por acoso laboral presentada por las exconcejalas Eva Martínez Acón y Esther Fontán contra la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y su número dos, José Manuel Lage Tuñas, no es un simple trámite burocrático. Es un síntoma de la profunda crisis interna que atraviesa el PSOE gallego y un examen a la credibilidad de los mecanismos que el partido dice haber creado para proteger a las víctimas de acoso. El caso, que ha transitado por el laberinto de Ferraz para acabar archivado en la ejecutiva provincial, deja más preguntas que respuestas y evidencia que, en el PSOE, la lucha contra el acoso choca a menudo con los intereses del poder establecido.
Un expediente que viaja en dirección equivocada
El primer indicio de que algo no funcionaba correctamente fue el destino de la denuncia. Presentada en diciembre de 2025 a través del canal habilitado por la dirección federal del PSOE para combatir el acoso interno, el expediente debería haber sido gestionado con la máxima diligencia y transparencia por los órganos centrales. Sin embargo, quedó en el limbo durante ocho meses hasta que, sorprendentemente, fue derivado a la ejecutiva provincial de A Coruña. Esta decisión ya resulta, como mínimo, cuestionable, pues se remite el caso a la estructura provincial y este elige de instructora a una militante de base de la agrupación local donde una de las denunciadas, Inés Rey, ostenta el cargo de secretaria general de esa agrupación local. Es difícil sostener que un procedimiento de esta naturaleza, que afecta directamente a la cúpula local del partido, pueda ser juzgado con imparcialidad por sus propios compañeros de filas.
Velocidades y formas distintas
La gestión del expediente, una vez en manos provinciales, no ha hecho sino aumentar las suspicacias. El archivo se ha producido en apenas unos días, un contraste brutal con los ocho meses de inactividad previa. La elección del mes de agosto para cerrar el caso, un periodo tradicionalmente de menor seguimiento mediático, refuerza la sensación de que se ha buscado deliberadamente la menor repercusión posible. Una maniobra que, sin embargo, ha resultado fallida ante la decisión de las denunciantes de recurrir a la Comisión de Ética y Garantías de Ferraz.
Pero el aspecto más grave, y que constituye el núcleo de la futura apelación, es la valoración selectiva de las pruebas. Eva Martínez Acón ha denunciado que no se tuvieron en cuenta las grabaciones que ellas aportaron, mientras que sí se valoraron los mensajes de WhatsApp presentados por la defensa de Inés Rey. Esta disparidad de criterio deja a las denunciantes en una situación de indefensión, ya que se les ha impedido, según sus propias palabras, «aportar testificales o más documentales», pese a haberlo solicitado a la instructora del expediente. No se trata de un problema de falta de pruebas, sino de una decisión política sobre qué pruebas son válidas.
Un contexto de guerra interna y equilibrios de poder
Este caso no puede entenderse al margen de la tormenta perfecta que vive el PSOE gallego. La denuncia de Martínez Acón y Fontán se enmarca en una guerra abierta por el poder entre la secretaría xeral de José Ramón Gómez Besteiro y la figura de Inés Rey. Un conflicto que se ha visto agravado por la cascada de denuncias por acoso que han salpicado al partido en los últimos meses, afectando a figuras como el expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, o el alcalde de Barbadás.
En este escenario, el archivo de la denuncia contra Rey no es un acto aislado de justicia interna, sino una pieza clave para mantener el equilibrio de fuerzas. La Diputación de A Coruña, presidida por el PSOE con el apoyo del BNG, se juega su estabilidad. El Ayuntamiento de A Coruña, gobernado por Inés Rey, aporta dos diputados provinciales cruciales. Una sanción o un expediente abierto contra la alcaldesa podría romper ese precario equilibrio y dejar al PSOE en minoría en la institución provincial. Como ha señalado la propia Martínez Acón, «la organización es reacia a sancionar a una alcaldesa y su teniente de alcalde antes de unas municipales». La política, una vez más, se impone a la ética.
Conclusión
En conclusión, el archivo de esta denuncia no es el final del camino, sino un nuevo capítulo de una historia que mancha la imagen del PSOE. La decisión de recurrir a la Comisión de Ética y Garantías de Ferraz coloca ahora la pelota en el tejado de la dirección federal. El PSOE tiene la oportunidad de demostrar si sus mecanismos internos son realmente eficaces o si, por el contrario, son meros paragüas para proteger a sus cuadros más poderosos. La apertura de la vía judicial, que las denunciantes no descartan, añade un elemento de presión externa que podría ser determinante. El PSOE se juega su credibilidad en la defensa de los derechos de las víctimas, y este caso se ha convertido en un test incómodo pero necesario.