Antes de hacerse efectivo el nombramiento de Isabel Pardo de Vera como Directora del Plan Estratégico 2030-2050, siguen creciendo las dudas sobre su idoneidad
El caso Koldo, una trama en torno a la adjudicación de contratos públicos de compra de mascarillas durante la pandemia, sigue ampliándose con nuevas diligencias solicitadas por la acusación popular.
Ahora se pide la imputación de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, debido a su presunta implicación en la adjudicación de un contrato a la empresa Soluciones de Gestión. La acusación sostiene que Pardo de Vera facilitó el contacto de Iñigo Rotaeche, un empresario investigado en la trama, a Michaux Miranda, ex alto cargo de Adif y también investigado en el caso, para gestionar esa contratación sin verificar la solvencia de la empresa.
Este nuevo enfoque de la acusación, sumado a su vínculo con el fondo Ginkgo y el papel de su marido como promotor inmobiliario en nuestra ciudad, cuestiona la idoneidad del “fichaje estrella” que anunció Inés Rey para desempeñar el puesto de Directora del Plan Estratégico 2030-2050.
Habrá que esperar a que los detalles específicos de la solicitud de la acusación se hagan públicos para entender claramente qué papel se le atribuye en el contexto del caso.
El escrito de la acusación también solicita la citación de varios testigos clave que podrían aportar información sobre las adjudicaciones, entre ellos el director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad y otros empresarios involucrados en la oferta y distribución de mascarillas.
Ayer lunes también se esperaba la declaración del exsubsecretario del Ministerio de Transportes Jesús Manuel Gómez, que podría haber actuado como intermediario entre el entorno del ministro y las entidades que adjudicaron los contratos.
Mientras, el gobierno local de A Coruña ha recibido críticas por no hacer públicos los contratos que se tramitaron durante la pandemia mediante la fórmula de emergencia. Esta modalidad permite agilizar los procesos de contratación para situaciones excepcionales, como fue el caso de la COVID-19. Sin embargo, la falta de transparencia en la divulgación de estos contratos ha suscitado preocupación entre grupos de oposición y ciudadanos que piden una mayor claridad en cómo se gestionaron los recursos públicos durante ese periodo crítico.
El uso de la contratación de emergencia, aunque legal, a menudo genera controversia, especialmente cuando no se facilita la información detallada al respecto.
