La tasa que mata al ganso de los huevos de oro: El sector turístico coruñés se rebela contra un impuesto que pone en fuga a cruceros y vuelos chárter
Lo que el gobierno municipal de Inés Rey presentó como una medida necesaria para gestionar los costes del turismo se ha convertido en un polvorín. La tasa turística de A Coruña, en vigor desde el 29 de septiembre, se encuentra bajo el fuego cruzado de prácticamente todos los agentes económicos y políticos clave de la ciudad. La oposición no es solo verbal; se está materializando en los tribunales y en alegaciones formales que buscan modificar la ley o suspender la tasa de inmediato, alertando de las primeras consecuencias negativas para un sector estratégico.
El Frente Judicial: Hospeco y la Hostelería Acuden a los Jueces
La batalla legal comenzó con la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) por parte de la Asociación Provincial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), la Asociación de Empresarios de Hostelería de A Coruña y Corunna Cruise Terminal. Su objetivo principal es la suspensión cautelar del impuesto mientras se resuelve el fondo del asunto, algo que consideran vital para evitar daños irreparables.
Los argumentos de Hospeco, detallados en un informe, son un ataque frontal a los fundamentos de la tasa:
- Cifras Infladas y Realidad Distorsionada: Califican de «exageradas» las 30.000 visitas diarias esgrimidas por el Ayuntamiento. Frente a esta cifra, oponen los datos del INE: una media de 2.600 pernoctaciones diarias en 2024, lo que representa solo el 1% de la población. Niegan la «saturación turística», señalando que las plazas hoteleras están estancadas, la ocupación es baja y estacional, y los ingresos por habitación se sitúan por debajo de ciudades comparables.
- Ilegalidad e Injustificación: Alegan que la tasa viola la Ley de Haciendas Locales de Galicia al carecer de una justificación sólida. Denuncian la falta de una cuantificación real de los costes adicionales que el turismo genera para la ciudad, así como de un análisis serio del impacto y de las alternativas posibles, un requisito legal, a su juicio, incumplido.
- Impacto Económico Negativo: Subrayan que se penaliza a un sector estratégico que ya tiene un saldo fiscal positivo para las arcas públicas. Advierten del daño a la imagen de A Coruña como destino acogedor, del perjuicio a los pequeños establecimientos y del riesgo de desviar cruceros a puertos competidores.
- Falacia del «Déficit Fiscal»: Afirman que no existe un déficit fiscal causado por el turismo que justifique este gravamen, y que la tasa transmite una «imagen errónea de masificación» que ahuyenta a los visitantes en lugar de gestionar su flujo.
El Frente de los Cruceros: La Autoridad Portuaria Pide Igualdad de Trato
Paralelamente, la Autoridad Portuaria de A Coruña ha abierto un segundo frente, dirigido esta vez a la Xunta de Galicia. Su presidente, Martín Fernández Prado, ha solicitado formalmente que la Ley de acompañamiento a los presupuestos autonómicos de 2026 introduzca un ajuste crucial: que los pasajeros de crucero solo paguen la tasa si pernoctan en la ciudad.
La petición se basa en un principio de igualdad. «Parece lógico que los cruceristas abonen la tasa solo si pernoctan en la ciudad, del mismo modo que ocurre con cualquier otro viajero que llegue en avión, autobús, tren o vehículo particular a A Coruña y se vaya el mismo día», argumentó Fernández Prado en rueda de prensa. Además, recordó que un porcentaje de estos pasajeros ni siquiera desembarca.
El impacto económico del sector de los cruceros es monumental para la ciudad: 40 millones de euros anuales y una previsión para 2026 de 169 escalas y 480.000 pasajeros, lo que consolida al puerto coruñés como líder de la cornisa cántabro-atlántica. La tasa, que en este caso abonarían las navieras (1,5 euros por pasajero y día, pernocte o no), supone, según la Autoridad Portuaria, un golpe directo a su competitividad.
Para ilustrarlo, aportaron un ejemplo concreto: el Independence of the Seas, con 4.300 pasajeros, vería incrementado su coste por escala en un 44%, pasando de 14.573 a 21.023 euros. A lo largo de sus 12 escalas anuales, la naviera desembolsaría 78.000 euros extra, un coste que podría llevarles a elegir otros puertos. Este recargo, además, anula el efecto de la bonificación del 40% que la propia Autoridad Portuaria aplica para incentivar las escalas.
El Frente Político y las Primeras Bajas: El PP Denuncia la Pérdida de un Operador Alemán
Mientras las batallas legales y administrativas siguen su curso, el Partido Popular, líder de la oposición en el pleno municipal, ha denunciado lo que consideran la primera consecuencia tangible y negativa de la tasa.
Miguel Lorenzo, portavoz popular, ha revelado que el operador alemán Dertour, que había fletado ocho vuelos chárter para este otoño movilizando a 1.200 turistas, ha comunicado que no repetirá la experiencia en A Coruña. La razón: los costes sobrevenidos de la tasa turística, que ascienden a más de 6.500 euros para los vuelos operados desde su entrada en vigor.
«Esta situación es una muestra clara de la falta de previsión municipal y del preocupante desconocimiento de las dinámicas del sector turístico», afirmó Lorenzo. Criticó la «falta total de diálogo» del gobierno de Inés Rey y aseguró que la tasa es «una barrera más a un sector estratégico que aún se está recuperando». La pérdida del operador alemán es particularmente dolorosa, ya que Alemania es el tercer mercado emisor de turistas a Galicia, con más de 180.000 visitantes el año pasado.
Un Perfecto Cóctel de Oposición
En menos de una semana, la tasa turística de A Coruña se ha encontrado con una oposición tripartita, sólida y argumentada. La hostelería la combate en los tribunales por considerarla ilegal y basada en premisas falsas. El puerto la desafía ante la Xunta por poner en riesgo una industria millonaria y cientos de puestos de trabajo. Y la oposición política la señala como responsable de la primera fuga de negocio turístico.
El gobierno municipal de Inés Rey se enfrenta ahora al reto de defender una medida que, según sus críticos, nació sin el consenso, el análisis y la precisión necesarios, y que ya comienza a mostrar sus potenciales efectos contraproducentes para la economía de la ciudad a la que, en teoría, pretende beneficiar.
