La reunión de hoy entre Hacienda local y HOSPECO evidencia una grave falta de planificación y diálogo por parte del gobierno local, dejando a los hosteleros con la carga de implementar una norma diseñada a espaldas de su realidad
Hoy, cuatro días antes de que entre en vigor la nueva tasa de pernoctación, el concejal de Hacienda, Lage Tuñas, se sienta por fin a hablar con HOSPECO, la asociación de hoteleros que, por designación del propio gobierno local, deberá actuar como agente recaudador. El timing de la reunión no es una anécdota; es el síntoma de un profundo desprecio por el procedimiento, el diálogo y la eficacia.
La polémica tasa, aprobada gracias al acuerdo del PSOE y el BNG, ya generó un intenso debate por su naturaleza. Lejos de ser una tasa turística, se trata de un tributo de pernoctación que grava por igual a turistas, trabajadores desplazados o cualquier persona que utilice un alojamiento, independientemente de su motivo. Pero más allá de la discusión sobre su equidad, lo que hoy salta a la vista es la gestión caótica de su implantación.
Empezar la casa por el tejado
La secuencia lógica de cualquier política pública, sobre una que carga sobre un sector privado una obligación administrativa y recaudatoria, debería ser diálogo, negociación, acuerdo, redacción y, finalmente, aprobación. El gobierno local ha decidido invertir el proceso: primero aprueba la ordenanza y luego, a contrarreloj, convoca una reunión.
Surge entonces la pregunta inevitable: ¿para qué?
Si el objetivo de la reunión de hoy es negociar, llega absolutamente tarde. Las negociaciones sobre el importe, los mecanismos, las exenciones o los plazos de implantación carecen de sentido cuando la norma ya está publicada, con el texto firme y la fecha de vigencia inamovible. Presentar una reunión como un gesto de diálogo a posteriori no es más que un ejercicio de hipocresía política, un intento de maquillar una imposición con una farsa de consulta.
La carga oculta: los hoteleros, recaudadores forzosos
Si la reunión no es para negociar, solo queda una opción: es un mero trámite informativo para dar instrucciones. El gobierno no solo ha aprobado una tasa controvertida; además, ha designado a los hoteleros como sus recaudadores gratuitos, obligándoles a asumir costes y adaptaciones de todo tipo sin su consulta.
Estos empresarios se ven ahora forzados a desarrollar, en tiempo récord, adaptaciones en sus sistemas informáticos para facturar el nuevo concepto, reorganizar sus procedimientos administrativos y reconfigurar su contabilidad. Todo ello, con el coste económico y de recursos humanos que conlleva. ¿Se ha preguntado el concello por la viabilidad técnica de estos cambios? ¿Se ha parado a calcular el coste real que esta imposición supone para un sector clave? La respuesta, vista la secuencia de los hechos, es un no rotundo.
Un desprecio al sector y a la buena gestión
Este procedimiento demuestra un preocupante menosprecio hacia los agentes económicos que son, al fin y al cabo, los que sustentan una parte vital de la economía local. Tratarlos como meros ejecutores de disposiciones arbitrarias, en lugar de como partners necesarios, es un error garrafal.
La falta de previsión es tan evidente que roza lo negligentemente. Imponer una carga burocrática sin proporcionar el tiempo, los medios o el marco de colaboración necesario es condenar la medida a un comienzo lleno de irregularidades, quejas y problemas. Es generar desconfianza y malestar en un sector que debería ser aliado, no un convidado de piedra al que se le entregan órdenes.
Hoy, el concejal Lage Tuñas se sienta con HOSPECO. Pero lo hace desde una posición de fuerza, con la norma bajo el brazo y el reloj en contra de los hoteleros. No es diálogo, es un monólogo con fecha de caducidad. Llega tarde, muy tarde. Y con su tardanza, el gobierno no solo deja en evidencia su poor planeamiento, sino que pone en riesgo el éxito de una medida que, para bien o para mal, ya es ley.
