Una rectificación forzada tras el malestar sindical deja al descubierto una grave crisis de gestión en el Ayuntamiento de A Coruña, donde el edil competente afirmó no estar al tanto de las decisiones que se tomaban en su nombre
Una situación cuanto menos sorprendente y que revela una profunda descoordinación en el seno del gobierno municipal de A Coruña ha quedado al descubierto esta semana. El concejal de Personal, José Manuel Lage Tuñas, se ha visto obligado a rectificar en caliente una instrucción controvertida que, según ha admitido él mismo, se dio desde su servicio sin su conocimiento o autorización.
El affaire comenzó cuando el personal municipal empezó a recibir notificaciones del Servicio de Personal que denegaban el carácter retribuido del permiso parental de 8 semanas para el cuidado de hijos o menores acogidos, un derecho previamente negociado y acordado con los representantes de los trabajadores. La instrucción, que provocó “un gran malestar” según la CIG, era contundente: o los empleados renunciaban por email a su sueldo durante esas semanas o se entendía su solicitud como denegada, debiendo incorporarse a su puesto.
La alarma sindical saltó de inmediato. Fue entonces cuando, en un giro inesperado, la Sección Sindical de la CIG recibió una comunicación telefónica directa del propio concejal Lage Tuñas. En ella, el edil confirmó que el permiso retribuido se mantendría en los términos acordados y, lo que es más significativo, desconocía por completo las órdenes que su servicio había estado emitiendo.
Según detalla el comunicado sindical, Lage Tuñas afirmó que las instrucciones que generaron la polémica “no fueron autorizadas ni eran conocidas por él como concejal responsable en la materia”. Esta admisión, si bien soluciona el problema inmediato de los afectados, abre la caja de pandora de la gestión interna del área.
Un edil al margen de su concejalía
La rectificación, aunque celebrada por el sindicato, deja flotando en el aire preguntas incómodas para el equipo de gobierno. ¿Cómo es posible que la máxima autoridad delegada en materia de personal ignore las decisiones que se toman en un servicio tan crucial y bajo su responsabilidad? La CIG no pasa por alto este punto, subrayando que estos hechos “muestran una gran descoordinación y falta de gestión”.
Las preguntas que lanza el sindicato son directas y apuntan al corazón del problema: si el concejal no conocía las órdenes, ¿quién las dio? ¿Quién en el Servicio de Personal tiene la potestad de limitar un derecho acordado a espaldas del edil? La duda sobre quién ostenta realmente el control en esa área y quién tomó la iniciativa de modificar un acuerdo consensuado queda sin respuesta, pintando un panorama de caos administrativo.
El episodio, resuelto con la sabia rectificación que ya aconsejaba el poeta Alexander Pope, evita un conflicto laboral mayor pero deja una sombra de duda sobre la gobernanza del área. Los trabajadores afectados han sido instruidos para que se dirijan de nuevo al Servicio de Personal, que ahora deberá actuar bajo las nuevas (y contradictorias) instrucciones de su propio concejal.
Mientras los empleados pueden respirar aliviados, la ciudadanía observa perpleja cómo los hilos de la administración local parecen moverse, al menos en este caso, de forma autónoma y sin el conocimiento de sus responsables políticos nominales. Una lección de management que el gobierno de A Coruña tendrá que digerir.
