El Partido Popular anuncia su voto en contra y acusa a los nacionalistas de «paripé» por criticar las irregularidades y luego avalar los pagos. La alcaldesa necesita el apoyo explícito del BNG, que se abstuvo en comisión, para salvar el desembolso de 200.000 euros
La política coruñesa se encara este jueves con un pleno decisivo que pondrá a prueba la solidez del gobierno de Inés Rey (PSOE) y la coherencia de la oposición. En el centro del debate: la propuesta de pagar 200.000 euros en facturas de 2022 y 2023 por servicios «apalabrados verbalmente», sin seguir los procedimientos legales de contratación, un hecho que la Comisión de Hacienda rechazó ayer con un dictamen negativo.
La alcaldesa socialista se juega mucho más que un simple desembolso. Con el voto en contra confirmado de los 12 concejales del Partido Popular –que superan en uno a los 11 del equipo de gobierno–, la balanza se inclina totalmente hacia el Bloque Nacionalista Galego (BNG). Los nacionalistas, que optaron por la abstención en comisión, tendrán que definir su postura de manera clara en el pleno. Una abstención no basta para sacar adelante la propuesta; el PSOE necesita «sí o sí» el voto favorable del BNG para aprobar el pago.
El portavoz popular, Miguel Lorenzo, fue contundente al anunciar su posición. «No seremos cómplices del Gobierno municipal en el pago de facturas irregulares que el BNG critica y luego vota a favor», declaró. Lorenzo cargó con dureza contra los nacionalistas, recordando su «doble estándar» en votaciones anteriores. «Irá a Pleno con dictamen negativo, donde el BNG volverá, como en ocasiones anteriores, a votar a favor del pago. Criticó los 4,5 millones en facturas irregulares de las fiestas de 2023, pero votó a favor. Y también lo hizo con 140.000 euros del Womex, igualmente apalabrado verbalmente», denunció.
Estas declaraciones subrayan la estrategia del PP: forzar al BNG a una encrucijada. Por un lado, los nacionalistas han llevado meses criticando la opacidad y las irregularidades en la contratación del gobierno de Rey. Por el otro, su voto a favor salvaría a la alcaldesa de una derrota política significativa, avalando una práctica que teóricamente condenan.
Las facturas en cuestión, que ascienden a 200.000 euros y corresponden a servicios prestados entre 2022 y 2023, fueron adjudicadas saltándose todos los cauces legales, basándose únicamente en acuerdos verbales. Entre las partidas, se incluyen el pago de dos cenas. La Intervención municipal ya había alertado de que no procedía abonarlas al carecer de contrato que las avalase.
Lorenzo fue más allá en sus críticas, asegurando que este caso no es aislado, sino parte de un patrón: «Esta es la manera de gestionar de Inés Rey: ya ha autorizado con su firma el pago de 184 millones de euros de 10.000 facturas irregulares».
Todo apunta a que el pleno se convertirá en un pulso sobre la gobernabilidad de Compostela. El PSOE confía en que las críticas del BNG se queden en el terreno de la retórica y que, llegada la hora de la verdad, priorice la estabilidad política. El PP, en cambio, espera desgastar a ambos socios de facto, pintándolos como dos caras de la misma moneda. La ciudadanía espera, mientras tanto, una explicación clara sobre por qué se gastan sus impuestos saltándose la ley y quién está dispuesto a ponerle freno.
