Inés Rey ya fue condenada por vulneración de derechos fundamentales
El escenario presupuestario en el Ayuntamiento de A Coruña para 2025 refleja una estrategia arriesgada por parte del gobierno de Inés Rey. Al estar dispuesto a someterse a una cuestión de confianza para aprobar los presupuestos, parece claro que confían en la imposibilidad de un acuerdo entre el BNG y el PP, dado el antagonismo político entre ambos. Sin embargo, losl precedentes con la Marea Atlántica demuestra que la oposición puede encontrar puntos de unión en momentos clave, especialmente cuando se trata de modificar el rumbo del Gobierno local.
El teniente de alcaldesa, José Manuel Lage, se mostró contundente en sus declaraciones, descartando cualquier posibilidad de que la oposición pueda alterar los presupuestos mediante modificaciones significativas. Su mención a la jurisprudencia y a casos previos como el de Pontevedra busca consolidar la posición del gobierno, dejando claro que las herramientas legales están de su lado para evitar una repetición de lo ocurrido en 2017.
La firmeza de Lage durante el programa A Coruña Opina parece dirigida no solo a deslegitimar las esperanzas de la oposición, sino también a reforzar la confianza en la base política del gobierno de Inés Rey. Al advertir que cualquier intento de modificar los presupuestos «pola porta datrás» está fuera de lugar, refuerza la percepción de que el gobierno está preparado para cualquier desafío en el pleno municipal.
Este enfoque puede, sin embargo, aumentar la tensión política y empujar al BNG y al PP a explorar vías de colaboración en contra del ejecutivo local, aunque esto suponga un desafío ideológico. El resultado final dependerá de cómo cada actor político interprete sus intereses a largo plazo, tanto en términos de gestión municipal como de imagen ante sus votantes.
La afirmación de Lage Tuñas y su posible imprecisión
Las declaraciones de José Manuel Lage Tuñas sobre la imposibilidad de modificar los presupuestos del Ayuntamiento de A Coruña, basadas en jurisprudencia, merecen un análisis más detallado, ya que podrían carecer de un sustento jurídico sólido si no se alinean con los principios y requisitos establecidos en el sistema legal español.
Origen y fundamento de la jurisprudencia
La jurisprudencia tiene raíces profundas en el Derecho Romano y se consolida en España como un complemento al ordenamiento jurídico. Sin embargo, su fuerza normativa no equivale a la de una ley, sino que depende de su capacidad para ser aplicada de manera uniforme y reiterada por los Tribunales Superiores, especialmente el Tribunal Supremo.
Requisitos para que exista jurisprudencia vinculante
De acuerdo con el artículo 1.6 del Código Civil, la jurisprudencia requiere:
- Interpretación uniforme del Tribunal Supremo: las decisiones deben abordar cuestiones similares con un criterio consistente.
- Reiteración: al menos dos fallos análogos deben sustentar la interpretación.
- Objetivo de seguridad jurídica: su propósito es garantizar estabilidad en las relaciones legales.
Esto significa que no basta con citar una sentencia aislada o incluso decisiones de tribunales inferiores para afirmar la existencia de jurisprudencia. Solo el Tribunal Supremo puede sentar jurisprudencia en términos vinculantes, siempre que cumpla con los requisitos mencionados.
Lage Tuñas lanza un órdago arriesgado
Al afirmar que la oposición no podrá modificar los presupuestos «porque hay jurisprudencia», Lage parece asumir que existe una base jurídica sólida que blinda las cuentas municipales de cualquier intervención significativa. Sin embargo:
- No queda claro si las sentencias o precedentes que menciona cumplen con los criterios de reiteración y uniformidad exigidos por el Código Civil.
- La jurisprudencia relevante debería proceder del Tribunal Supremo, no de decisiones aisladas o de casos locales como el de Pontevedra.
Posibles implicaciones
Si las declaraciones de Lage no se sustentan en una jurisprudencia real y vinculante, podrían ser interpretadas como un intento de desinformar o de disuadir a la oposición de ejercer sus derechos democráticos. En todo caso, cualquier decisión sobre la aprobación o modificación de los presupuestos estará sujeta al marco legal aplicable y, en última instancia, podría ser objeto de revisión judicial si se considera que se han vulnerado procedimientos o derechos.
En resumen, es fundamental que las afirmaciones sobre jurisprudencia se basen en criterios sólidos y verificables, especialmente en un contexto político tan delicado como el debate presupuestario.
El historial judicial que cuestiona la gestión de Inés Rey
La gestión de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, se encuentra bajo el escrutinio judicial tras acumular un historial significativo de sentencias en contra en diversos ámbitos de la administración municipal. Desde multas de tráfico hasta conflictos laborales, estas resoluciones ponen en entredicho la legalidad y la transparencia de algunas decisiones del Gobierno local.
Multas de tráfico: una pérdida millonaria para el Concello
La sentencia del Tribunal Supremo de 2020, que determinó que solo el personal de las Administraciones Públicas puede tramitar sanciones administrativas, marcó el inicio de una serie de derrotas judiciales para el Ayuntamiento. Hasta 2024, la empresa pública Emvsa gestionaba estas multas, pero tras la resolución judicial, el Concello tuvo que remunicipalizar el servicio.
El impacto ha sido considerable: en 2023, el Ayuntamiento perdió 206 juicios relacionados con multas de tráfico, triplicando las cifras de años anteriores. Este caso no solo ha supuesto un revés económico, sino que también evidencia la falta de previsión en la adaptación de los procedimientos a la normativa vigente.
Creación de puestos de trabajo anulada por los tribunales
La reciente sentencia 00194_2024 del Juzgado Contencioso Administrativo nº1 de A Coruña anuló la creación de 10 nuevos puestos de trabajo por no cumplir con la valoración previa exigida por ley. La decisión, vinculada a una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en octubre de 2023, pone de relieve irregularidades en la gestión del personal, liderada por José Manuel Lage Tuñas y el director de área, Manuel Ángel Jove Losada.
Conflicto con la Compañía de Tranvías
El Gobierno local también enfrenta múltiples sentencias contrarias en su conflicto con la Compañía de Tranvías. Pese a los fallos judiciales, el Ayuntamiento ha retrasado el pago de las compensaciones económicas a la empresa. Además, desde el 1 de enero de 2025, el contrato está vencido, ya que el gobierno socialista no ha sacado a licitación el servicio de transporte público.
Sentencia estrella: Vulneración de derechos fundamentales en el Pleno municipal
En 2021, el Juzgado Contencioso Administrativo nº4 condenó al Ayuntamiento por impedir el debate de enmiendas presentadas por Marea Atlántica en el Pleno del 24 de febrero. Estas enmiendas proponían destinar 340.000 euros adicionales a convenios con entidades sociales, culturales y deportivas.
El fallo determinó que la alcaldesa excedió sus competencias al vetar las enmiendas basándose en criterios de oportunidad, violando así el derecho constitucional de participación política recogido en el artículo 23.2 de la Constitución. Este caso ha sido señalado por la oposición como una muestra de las prácticas excluyentes del Gobierno municipal.
Un discurso de diálogo en entredicho
La acumulación de sentencias adversas ha generado críticas sobre la gestión de Inés Rey, cuestionando la coherencia entre su discurso de diálogo y sus decisiones políticas. Tanto Marea Atlántica como el Partido Popular han instado al Gobierno local a reflexionar y corregir su actitud hacia la oposición y la ciudadanía.
El historial judicial del gobierno de Inés Rey pone de manifiesto carencias en la planificación, la gestión y el respeto a los derechos fundamentales. Estas sentencias no solo afectan a las arcas municipales, sino que también erosionan la confianza en la capacidad de liderazgo del ejecutivo local. En un momento clave para la ciudad, los fallos judiciales deberían servir como una llamada a la autocrítica y a la adopción de prácticas más transparentes y ajustadas a la legalidad.
